El Ministerio Público buscará esclarecer la legalidad de una serie de contratos firmados por la empresa Saydex con 22 de los 29 servicios de salud a nivel nacional, en una nueva arista judicial del llamado caso Caval, que involucra posibles delitos de tráfico de influencia, soborno y cohecho.
Saydex, empresa especializada en servicios informáticos en el área de salud, estuvo a cargo del desarrollo del Proyecto de Información de las Redes Asistenciales (SIDRA), mientras era cliente de Caval (la polémica firma de Natalia Compagnon y Mauricio Valero), a la que pagó 170 millones de pesos por asesorías.
Según declaró ante la Fiscalía Patricio Cordero, intermediario de negocios de la empresa Caval y ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Valero le pagó 20 millones de pesos al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Nibaldo Mora, con el fin de incidir en las licitaciones a favor de Saydex, que involucran unos 23 mil millones de pesos.
El fiscal Luis Toledo comentó que "quedan varios puntos a seguir indagando, además de que las defensas están pidiendo nuevas diligencias por las que es necesario hacer unas pericias. Respecto de lo que se ha indagado ya se encuentra formalizado".
Aspectos "alarmantes"
Frente a ello, el actual titular del Servicio de Salud Metropolitano, Jorge Martínez, sostuvo que "ése es uno de los temas que se está discutiendo, fundamentalmente en la licitación que el Ministerio de Salud adjudicó con Sidra y Sidra 2, (que) significa indudablemente una nueva licitación con nuevas modalidades de contratación de este sistema".
Mauricio Valero, el socio de Natalia Compagnon en la propiedad de la empresa Caval, fue formalizado el viernes en Rancagua. (Foto: Agencia UNO)
"Nosotros realizamos una auditoría, la cual arrojó ciertos datos que indudablemente nos alarmaron y los pusimos a disposición tanto del Consejo de Defensa del Estado como de la Fiscalía de Rancagua", agregó Martínez.
Esta arista del caso está en manos del fiscal adjunto de Rancagua Carlos Fuentes, quien solicitó al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI que analizara cada una de las licitaciones, junto con las propuestas correspondientes de Saydex, para determinar si correspondía o no que fueran otorgadas a esta empresa informática.
El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, planteó que "el Ministerio de Salud de este Gobierno ha sido proactivo en requerir la actuación de la justicia, en este particular de los fiscales, para indagar cualquier responsabilidad que pudiera haber en este respecto".
"Nosotros no somos los que tenemos que calificar, lo que hicimos a partir de la información fue pedir la intervención de los fiscales para que se realice la investigación correspondiente y serán los tribunales de justicia los que determinarán si hubo o no irregularidades", agregó.
Rechazo transversal a irregularidades
Parlamentarios desde ambos sectores han pedido que se investigue este tema, y existe un respaldo transversal a terminar con los contratos en caso de que se determine que existen irregularidades.
Juan Luis Castro (PS) indicó que "las figuras de soborno y cohecho rondan los servicios de Salud en los que está Saydex, porque aún no se logra deshilvanar esta tortuosa madeja de relaciones que tendría Caval, a través de Mauricio Valero, con diversas autoridades de salud de la época, estamos hablando del período del Presidente Piñera".
Por su parte, Felipe Ward (UDI) pidió "primero sumarios internos, para saber si hay responsabilidades administrativas de funcionarios públicos que aún estén en ejercicio. Segundo, tomar las medidas para que esto nunca vuelva a ocurrir, que se capture al Estado a través de una empresa de lobby, para realizar estos contratos".
