El organismo ya está trabajando con el Grupo JITSIC, de la OCDE, para analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes.
Filtración reveló supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de las acciones del Presidente Piñera en la minera Dominga.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que "está recabando todos los nuevos antecedentes disponibles para determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración a la normativa tributaria vigente" en las operaciones divulgadas por los denominados "papeles de Pandora" ("Pandora Papers") y "adoptar las acciones que correspondan de acuerdo a la ley", después de que la investigación revelase supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de las acciones del Presidente Sebastián Piñera en el polémico megaproyecto minero-portuario Dominga.
A través de un comunicado, el organismo público anunció que "ya está trabajando con el Grupo JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), red de administraciones tributarias de la OCDE, para analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers, como ya se hizo con anterioridad en las divulgaciones conocidas como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Dataleaks".
🔵AHORA: El Servicio de Impuestos Internos informa que analizará nuevos expedientes divulgados por Pandora Papers.
— Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) October 5, 2021
Se indagará eventuales vulneraciones a la ley tributaria vigente. @Cooperativa pic.twitter.com/S7APzpTNEF
Piñera, quien dejará la Presidencia el 11 de marzo de 2022, calificó ayer la publicación de los "Pandora Papers" de "inaceptable" y aseguró que todos los hechos desvelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ya fueron indagados y desestimados en los tribunales en 2017.
Desde la oposición, sin embargo, todas las bancadas de parlamentarios anunciaron que presentarán la próxima semana una acusación constitucional (juicio político) contra el Mandatario, que puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado y para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputadas y Diputados.
