Abogada socialista valoró acuerdo con el Gobierno en proyecto de DD.HH.
Pamela Pereira expresó a El Diario de Cooperativa que la nueva redacción del texto legal garantiza que no habrá impunidad, a la vez que aclaró que no hay beneficios automáticos, sino sujetos al criterio de cada juez.
La abogada y militante del Partido Socialista (PS) Pamela Pereira se mostró satisfecha por el acuerdo al que llegó su colectividad con el Ejecutivo, para reformar las indicaciones de La Moneda al proyecto que facilita la entrega de información sobre el paradero de detenidos desaparecidos, pues se concreta el fortalecimiento de las facultades de los magistrados para investigar las causas.
La jurista sentenció que quedó claramente establecido que no se trata de un camino a la impunidad, pues no hay rebaja de condenas para quienes instigaron, ordenaron o instruyeron la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Para Pereira, hubo un "arduo trabajo que ha permitido que tengamos un buen acuerdo con el Gobierno", pues después de la Mesa de Diálogo se reabrió un número importante de casos, pero "la realidad que se encuentra hoy día es que no está la totalidad de los casos en tramitación abiertos y que no logramos tener toda la información que se requiere".
"Por lo tanto, se tiene que fortalecer la institucionalidad del juez y darle instrumentos al juez, para que él en el contexto de la investigación pueda tener información que permita seguir avanzando", sentenció.
Agregó que la lógica de la rebaja de penas está basada en la "entrega total de información respecto del hecho punible y la participación".
"Si personas que están expuestas a penas muy severas, muy altas, como un secuestro simple, que está expuesta la persona a una pena de 15 años de privación de libertad; si esta persona entrega toda la información, llegando a establecer dónde y qué pasó respecto del detenido desaparecido, y sabemos quiénes actuaron y por orden de quiénes (...) puede llegar a una pena de cinco años y eso le permite el beneficio de la libertad vigilada", detalló Pereira.
La abogada consideró que el proyecto es "es disuasivo para muchos, desde el punto de vista que es más conveniente entregar la información".
A la vez, aclaró la situación que afecta a quienes cumplían el servicio militar a la época de los hechos, pues se les considera civiles que cumplían una carga impuesta por el Estado. Para ellos, al igual que en todos los caso, serán los jueces quienes podrán eximirlos de castigo -o rebajar sus condenas- de acuerdo a los atenuantes respectivos, como el hecho de que haya estado en riesgo su propia vida.