Organismos de DD.HH. argentinos pidieron otorgar refugio a Galvarino Apablaza
En una inserción de prensa, las entidades piden a su gobierno que otorgue al ex número uno del FPMR la calidad de refugiado político.
Organizaciones de derechos humanos de Argentina reclamaron este sábado que se conceda el estatuto de refugiado político al chileno Galvarino Apablaza Guerra, procesado en su país por terrorismo, y rechazaron una posible extradición.
"Repudiamos este intento de establecer la teoría de los dos demonios", señala una declaración publicada este sábado en la prensa de Buenos Aires con la firma de una docena de organizaciones, entre ellas las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación relacionada con los Detenidos Desaparecidos y la Liga por los Derechos del Hombre.
Los organismos de derechos humanos destacan en su declaración el hecho de que Apablaza Guerra, detenido el pasado lunes en Buenos Aires, sea una "víctima del terrorismo de Estado chileno" y que hoy las autoridades de ese mismo Estado pretendan extraditarlo "cuando por primera vez reconocen los crímenes de la dictadura pinochetista".
Con este último extremo se refieren a la reciente publicación del informe oficial sobre torturas y padecimientos de los detenidos políticos bajo la dictadura.
Apablaza Guerra, de 54 años, perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización armada que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet, al que intentó matar en 1986, y siguió activa unos años después de que el dictador dejara el poder.
El "Comandante Salvador", como era conocido en el Frente, fue detenido el pasado lunes en una localidad cercana a Buenos Aires donde vivía con identidad falsa y dos días después reclamó refugio político en Argentina.
Al mismo tiempo la justicia de Chile le procesó por el asesinato de un senador y el secuestro del hijo de un empresario, actos cometidos después de 1990 y en los que se sustentaba la orden de captura internacional librada a través de Interpol.
En la declaración publicada en la prensa por las organizaciones de derechos humanos no se mencionan los cargos formulados en Chile contra Apablaza y, en cambio, señala que éste fue detenido "por pedido del Gobierno chileno, acusado de haber combatido a la dictadura pinochetista".
El asesinato del senador conservador Jaime Guzmán tuvo lugar el uno de abril de 1991 y el secuestro de Cristián Edwards, por el que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez cobró un millón de dólares de rescate, duró del 9 de diciembre de 1991 hasta el 1 de febrero de 1992.
Después de perder el plebiscito de 1988, Pinochet entregó el poder el 10 de marzo de 1990 al demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien había sido elegido presidente en unos comicios democráticos en las que obtuvo más del 55 por ciento de los votos.
En su petición de refugio político en Argentina, sobre la que debe pronunciarse un Comité formado por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, así como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pidió que se le permita vivir una "vida normal" después de 30 años de "hostigamiento" y "sobresaltos".
La defensa de Apablaza, a través del abogado Carlos Margotta, estimó que la decisión de las autoridades argentinas frente a la solicitud de asilo político tomará algún tiempo debido a la complejidad del caso.
El profesional recalcó que se trata de una definición que "no tiene plazo definido".
Apablaza Guerra, que fue detenido y torturado durante el régimen de Pinochet, tiene tres hijos menores de edad -el mayor de 10 años- de nacionalidad argentina.
Hasta ahora, las autoridades chilenas solo han presentado en el Ministerio del Interior copias de los documentos que se van a enviar para solicitar formalmente la extradición de Apablaza Guerra. (Cooperativa/EFE)