Patio 29: abogada aseveró que auditoría del Gobierno comprobó errores políticos

La abogada de derechos humanos Pamela Pereira insistió en que la Presidenta Michelle Bachelet no tiene en su poder todos los antecedentes necesarios para evaluar la complejidad del tema de los detenidos desaparecidos y el Patio 29.

Aseveró que la Mandataria no ha sido informada de una auditoría interna que hizo el Gobierno durante el periodo de Ricardo Lagos, en la que declararon, entre otros, el ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, y que constató responsabilidades políticas en el tema.

"Adelanto (...) que hay capítulos que todavía no se conocen. Al Presidente Lagos este tema siempre le preocupó mucho y no sólo puso recursos, sino que también en un momento dado ordenó una investigación interna, por la auditoría interna del Gobierno y ese episodio no se conoce, entonces la gente habla lo que no sabe", sentenció.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Pereira detalló que "el Gobierno tiene una auditoría interna (a modo de organismo permanente) que se creó en el gobierno del Presidente (Eduardo) Frei (Ruiz-Tagle) y que tiene el objetivo de tratar de evitar situaciones de irregularidades, corrupción, etcétera. Es una institución que depende de la Presidencia de la República y que a mí me parece que es una muy buena idea".

"Esa institución, el Presidente Lagos la puso en movimiento (para investigar) al Ministerio de Justicia (...) por eso digo, no le han informado (a la Presidenta Bachelet) suficientemente y por eso cuando ella hace razonamientos, le faltan elementos, percibo que le faltan necesariamente elementos", explicó.

La jurista enfatizó que si la jefa de Estado "conociera los antecedentes que se reunieron por el propio Gobierno en la investigación interna, no podría decir lo que dice".

El rol de José Antonio Gómez

Pamela Pereira expresó que en la citada instancia auditora "declaró el ministro, declararon todos para abajo, fue en el período del ministro (José Antonio) Gómez".

Como esta investigación interna incluye el testimonio del actual senador radical por la Segunda Región, y el suyo propio, agregó la abogada, "acá, en definitiva, están los antecedentes que ya constan en la causas judiciales, de los procedimientos, irregularidades, etcétera".

"Está el tema de (la Universidad de) Glasgow (...) y creo que la Cámara de Diputados lo que debería hacer directamente es invitar al doctor que estuvo a cargo de esas pericias (...) está también la investigación interna que hizo el Gobierno, en la auditoría que estoy diciendo, ahí hay un conjunto de antecedentes muy, muy relevantes", añadió.

La abogada aclaró que aunque "nunca he tenido en mis manos esa investigación, sé que tiene antecedentes muy relevantes".

La indagación del Ejecutivo fue "en un momento en que muchos periodistas estaban investigando al Instituto Médico Legal, las sociedades que había creado (el ex director del SML Jorge) Rodríguez, etcétera, etcétera (...) y en ese contexto se ordenó esa investigación".

Hay responsabilidad política en el Patio 29

Para Pamela Pereira, las actuaciones privadas y públicas de los gobiernos de la Concertación han probado que hubo una reticencia política a asumir el tema de los detenidos desaparecidos, pues nunca se dotó de los recursos necesarios a las instancias creadas para atender las necesidades de familiares y víctimas de la dictadura.

Con la irrupción del caso del Patio 29, la abogada cree que la comisión de la Cámara de Diputados que investigará el tema "va a tener mucho trabajo", por la cantidad de datos que hay en el tema.

"Pero lo que insisto, lo que aquí nadie puede decir es que no hay responsabilidad política, institucional, de los ministros de Justicia y de los directores del Instituto Médico Legal. Que no le endosen responsabilidad a los eventuales errores que algún funcionario pueda haber cometido o no, en relación con una pericia científica, que ese es otro tema", subrayó.

Pereira, cuyo padre es una de la víctimas de la dictadura en Paine, añadió que "esto tiene que ver con la política que se llevó adelante en relación con el tema de las identificaciones".

Asimismo, estimó que la designación de la asistente social María Luisa Pereira como delegada de la Presidenta para el tema es una muestra de "buena voluntad", pero que aún no tiene un respaldo jurídico efectivo, que garantice que su labor tendrá efectos en la institucionalidad.

"No tiene la titularidad jurídica que le permita tomar decisiones. ¿María Luisa va a poder tomar decisiones de modificar el estado de situación del Instituto Médico Legal?, ¿va a poder tomar decisiones para modificar lo que pasa en el Programa de Derechos Humanos del Gobierno?", se preguntó Pereira.

Director del SML debe dejar el cargo por incompetencia

Un punto también trascendental para Pereira es realizar una intervención del Servicio Médico Legal (SML), conclusión a la que llegó tras conversar incluso con el ministro en visita Carlos Gajardo, quien indaga la inhumación ilegal de cuerpos en el Patio 29 del Cementerio General.

Es ahora de que se modifique "el cuadro de situación del Instituto Médico Legal", dijo Pereira, quien afirmó "que eso pasa por la salida del director del instituto (Oscar Vargas), que no le da confianza absolutamente a nadie, porque a todos nos consta su incompetencia en este tema".

"Lo único que queda es pasarse por el lado al Instituto Médico Legal, en el sentido de que se designen peritos directamente por el ministro, y que usen las dependencias del Instituto Médico Legal sólo para los fines de ejecutar las pericias, pero sinceramente creo que va a haber que obviar el Instituto Médico Legal si siguen con la porfía de mantener una persona incompetente a cargo de esa institución", concluyó Pamela Pereira. (Cooperativa.cl)