Vocero de militares en retiro: No estamos pidiendo nada que no esté en las leyes
Director de "Chile mi patria" calificó como "humana" la huelga de hambre en Punta Peuco.
"Piñera debe demostrar que es Presidente de todos los chilenos", recalcó en Cooperativa.
Rafael Villarroel, director de "Chile mi patria", institución que reúne a militares en retiro, defendió la decisión de nueve condenados por violaciones a los DD.HH. de iniciar una huelga de hambre en Punta Peuco ante lo que calificaron como "incumplimientos del Gobierno".
"Esta reacción que se está produciendo en la cárcel de Punta Peuco es tan humana como la reacción que tienen los mapuches, con la diferencia que acá no hay que modificar ninguna ley, sólo revisar los procesos", indicó su director Rafael Villarroel.
El general (r) emplazó a Sebastián Piñera a "que demuestre que es Presidente de todos los chilenos sin excepción. Creo que entenderá que el mensaje está fuerte y claro respecto a que se cumpla la legislación vigente".
"No estamos pidiendo nada que no esté escrito en las leyes ni en la Constitución", sentenció en Cooperativa.
Los huelguistasLos condenados por violaciones a los DD.HH. que anunciaron que comenzarán una huelga de hambre a las 09:00 horas de este martes en Punta Peuco son encabezados por el general retirado Raúl Iturriaga Neumann, condenado por el homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del Ejército, y de su esposa, cometido en Buenos Aires en septiembre de 1974.
También firman los ex brigadieres José Zara, Christoph Willike y Fernando Polanco, los dos primeros condenados también por el caso Prats y el último por el homicidio del ciudadano argentino Ernesto Lejderman.
Otros son el coronel Juan Morales Salgado, también sentenciado por el caso Prats; el teniente coronel Emilio Neira Donoso, condenado por la ejecución de 12 militantes de izquierda en 1987; el ex capitán Jorge Vargas Bories, condenado por el crimen del periodista José Carrasco Tapia en 1986.
Los restantes son el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, condenado a dos cadenas perpetuas por los homicidios del líder sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría; y el teniente de la Marina Sergio Rivera, condenado por el crimen de un campesino en el sur.