Diputado Silber cuestionó pago de alcalde UDI para evitar juicio por cohecho
"Se está instalando una sensación de impunidad", señaló el parlamentario DC.
Mario Olavarría cancelará 56 millones de pesos tras recibir pagos para la construcción de un supermercado.
El diputado DC Gabriel Silber cuestionó el acuerdo judicial al que llegó el alcalde de Colina, el UDI Mario Olavarría, investigado por la recepción de pagos indebidos para permitir con la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales.
"No compartimos la posición de la Fiscalía y consideramos que se está instalando una sensación de impunidad en este y en otros casos que ha conocido la opinión pública, porque más bien la sanción es de carácter económica, no soslaya en el juicio ético y el reproche que existe respecto a las autoridades cuando obran de esta manera", señaló el parlamentario.
Tras el acuerdo, el jefe comunal -quien por orden de Contraloría debe cancelar 56 millones de pesos por remuneraciones extras que percibió en el cargo- no recibe sanciones, mientras que los otros imputados en el caso, el ex asesor Domingo Soto, el inversionista Nabil Mansour y el ejecutivo de Falabella Francisco Leyton deberán pagar, en forma conjunta, 60 millones.
El caso se remonta a 2007, cuando Falabella canceló 109 millones de pesos al alcalde Olavarría para asegurar la instalación de una de sus sucursales en terrenos municipales.
Por su parte, el fiscal Mauricio Vergara sostuvo que se pudo acreditar el delito de cohecho, pero argumentó que las bajas penas establecidas hacían más efectivo lograr el acuerdo alcanzado.
"El Ministerio Público ha entendido siempre que estamos en presencia de un delito de cohecho, pero lamentablemente en estos casos particulares la pena a la que se exponía cada uno de los imputados es en el mejor de los casos 50 días de prisión, sin ningún tipo de reintegro para las arcas fiscales", señaló.
El fiscal Vergara agregó que "aun en el caso de ser condenado (los imputados), la legislación del año 2005, tiene una inhabilitación temporal que en el caso particular (de Olavarría) correspondía a solo 41 a 60 días, dados los antecedentes del imputado".