Restricciones brasileñas a importaciones preocupan a vinateros chilenos
Sostienen que las medidas serían arbitrarias en el marco de los acuerdos comerciales vigentes.
Mario Silva, vicepresidente de Vinos de Chile, destacó que el asunto "debiera ser una prioridad para el Gobierno".
Los vinateros manifestaron su preocupación por la eventual aplicación en Brasil de restricciones a las importaciones de vinos, que a su juicio serían arbitrarias en el marco de los acuerdos comerciales vigentes entre ambos países.
El asunto debiera ser una prioridad para el Gobierno, afirmó en una rueda de prensa Mario Silva, vicepresidente de la asociación "Vinos de Chile", que agrupa a los exportadores del sector, quien señaló que la participación de los vinos chilenos en el mercado brasileño alcanza al 32 por ciento en valor y al 36 por ciento en volumen.
Señaló que la aplicación de estas medidas significaría una pérdida de unos 18 millones de dólares este año para los exportadores nacionales, cifra que se elevaría "a entre 40 y 50 millones" hacia el 2020.
Según cifras de la asociación, las exportaciones de vinos embotellados chilenos a Brasil sumaron el año pasado 89 millones de dólares y tres millones de cajas de nueve litros, con aumentos del 26,5 por ciento en valor y del 13,2 por ciento en volumen en comparación con el 2010.
Chile exportó en total vinos por 1.690,67 millones de dólares en 2011, un 8,9 por ciento más que en 2010, mientras el volumen llegó a 62,75 millones de litros, un 7,9 por ciento más que el año anterior.
A instancias internacionalesSilva apuntó además que durante el pasado miércoles la Asociación se reunió con representantes de los productores y que en conjunto decidieron contratar un estudio de abogados en Brasil, para hacerse parte en el proceso de salvaguardas que se abrió en el Departamento de Defensa Comercial (Decom) de ese país.
Según el dirigente empresarial, los acuerdos comerciales vigentes entre Chile y Brasil no permiten la aplicación de sobretasas arancelarias, por lo que la salvaguarda se concretaría a través de la asignación de cuotas.
El gremio no descartó recurrir a instancias internacionales en caso de que se concrete la medida, lo que ocurriría en un plazo de siete meses e insistió en llamar al gobierno chileno a "convertir el tema en prioridad para el país".