CIDH concedió medidas cautelares a tres activistas venezolanos amenazados
La organización respaldó su decisión en que los sujetos se encuentran en "en una situación de gravedad y urgencia".
Alfredo Romero, Luis Betancourt y Yoseth Colmenares recibieron diversas acusaciones y hostigamientos.
Yoseth Colmenares, una de las activistas, fue retenida y golpeada por todo el cuerpo por dos funcionarios policiales.
La CIDH dictó medidas cautelares a favor de los defensores de derechos humanos venezolanos Alfredo Romero, Luis Betancourt y Yoseth Colmenares por considerar que están en riesgo "su vida e integridad personal", informó este miércoles el organismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en un comunicado que este martes solicitó al Estado de Venezuela la adopción de las medidas en favor de los activistas, pedidas el 6 de mayo de 2013 por la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), por encontrarse éstos "en una situación de gravedad y urgencia".
"La Comisión solicita al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la organización Foro Penal Venezolano puedan desarrollar sus actividades como defensores de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones", estableció la resolución.
La CIDH instó, además, a Venezuela a que informe sobre las acciones desarrolladas para investigar el presunto hostigamiento y violencia del que fueron víctimas los solicitantes a fin de evitar la repetición de estas actitudes.
Los amenazados
Las medidas pretenden proteger al director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero, al que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela , Diosdado Cabello, acusó de ser parte de un plan de desestabilización y recibir, junto a otras organizaciones, financiación exterior para la "conspiración" contra el Gobierno, según recoge la resolución.
También se pide a Venezuela que proteja a Luis Betancourt, representante legal de FPV, que denunció haber sido seguido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La última receptora de las medidas es Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del Estado de Táchira, que denunció haber sido retenida y golpeada fuertemente en la cabeza, en los senos y luego por todo el cuerpo por dos funcionarios policiales.
Además, la Comisión hace referencia a unas "alocuciones estigmatizantes" por parte de altos funcionarios del Estado, que habrían acusado a la organización "de ser un grupo fascista, de no ser una ONG sino un partido político que entorpece las averiguaciones, que está mintiendo al país".