Fiscalía presentó acusación contra siete ex ejecutivos de La Polar

La Fiscalía Centro Norte presentó acusación en contra de siete ex ejecutivos de la empresa La Polar, a los que les imputa diferentes delitos cometidos con motivo de las repactaciones unilaterales que realizó la empresa de retail entre los 2006 y 2011.

El fiscal jefe de Alta Complejidad José Morales, los acusó de incurrir en diferentes ilícitos, entre los que se encuentran el lavado de activos, infringir la Ley de Mercado de Valores y la Ley General de Bancos.

La acusación está dirigida en contra de Pablo Alcalde, ex presidente de La Polar, contra quien la Fiscalía pide 12 años de cárcel por los delitos de lavado de activos, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley general de Bancos.

Además, se solicita el comiso de 375.901.169 pesos por concepto de bonos por el delito de entrega de información falsa al mercado, además del domiso de otros bienes.

También se acusa a Julián Moreno, ex gerente de productos financieros, y a María Isabel Farah, ex gerenta de administración, para quienes se pide una pena que supera los 10 años de cárcel.

Respecto a Moreno, se solicitó el comiso de 165.854.635 por concepto de bonos debido al delito de entrega de información falsa al mercado; además de, por el elito de uso de información privilegiada, 411.394.346 pesos, mayor valor obtenido por operaciones de venta directa realizadas por el imputado, y la suma de 26.432.039 pesos, mayor valor obtenido por operaciones de venta realizadas a través de Inversiones Alpha S.A.

Mientras que sobre Farah, la Fiscalía solicitó el comiso de 120.036.898 pesos por concepto de bonos por el delito de entrega de información falsa al mercado; y, por el delito de uso de información privilegiada, la suma de 410.109.382 pesos, mayor valor obtenido por operaciones de venta directa realizadas por la imputada; y 26.432.039 pesos, mayor valor obtenido por operaciones de venta realizadas a través de Inversiones Alpha S.A.

No descartan juicio abreviado

El fiscal detalló que la causa se inició en junio de 2011 por lo que en la presentación de acusaciones este martes se entregó un informe de 986 páginas que contiene el resumen de la investigación.

Además indicó que el documento sintetiza los miles de correos electrónicos que se revisaron y las declaraciones de centenares de testigos que confirmaron los ilícitos.

El fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, indicó que "el juicio abreviado puede ser solicitado por la Fiscalía hasta que se desarrolle la audiencia de preparación del juicio oral, por lo que uno jamás podría descartar una solución como esa, más aún siempre que la Fiscalía tiene que velar por el principio de objetividad".

"El delito por el cual se está persiguiendo a estas personas, más que el hecho de haber repactado a un millón de personas, lo cual es más bien un ilícito de la Ley del Consumidor, lo que nosotros estamos persiguiendo es que estas personas, durante alrededor de cinco años, entregaron información falsa al mercado, información que utilizaron los inversionistas para el efecto de comprar acciones, vender acciones e incluso las AFP", añadió.

Otros acusados

La acusación incluye además a Martín González, ex gerente general interino, por quien se pide una pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Sobre Santiago Grage, ex gerente de finanzas, se pide la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo; y respecto a Marta Bahamondes, ex gerenta de créditos, se solicitó una pena en su contra de 541 días de presidio menor en su grado medio.

En tanto, sobre Ismael Tapia, ex jefe de proyectos y análisis, se pidió la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

El abogado Alex Caroca, que defiende a María Isabel Farah, dijo que insistirá en su inocencia: "No es una mera defensa, estamos absolutamente convencidos de qué es lo que ocurrió y creemos que hoy hay más antecedentes que el tiempo los ha ido corroborando".

"Eso es lo que vamos a tener que plasmar en las etapas que vienen dentro del procedimiento y ahí tendremos que ofrecer en su minuto los medios de prueba suficiente para acreditar esa situación", agregó. 

Mientras que desde Madrid, la abogada querellante Bárbara Salinas dijo que las altas penas de cárcel que se pidieron se relacionan con la gravedad de los ilícitos. 

Indicó que con las penas que pide el Ministerio Público, "ninguno de estos imputados podría acceder a algún beneficio que no sea el cumplimiento efectivo de cárcel. Por lo tanto, sin duda para nosotros es un reforzamiento de que acá los hechos que ya llevan cuatro años de investigación son tal como el Ministerio Público los ha expuesto en su acusación".

Tras la presentación de la acusación, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago deberá notificar a los intervinientes de esta causa a la audiencia de Preparación de Juicio Oral, en la que se revisará la acusación y se fijará las pruebas que se presentarán en el juicio oral.