Quedó libre "El enfermero" de las FARC, acusado de 500 abortos forzados

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Autor: Cooperativa.cl

Juez lo dejó en libertad con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado.

En la resolución influyó el estado de salud del detenido.

 EFE /Archivo referencial

Mujeres víctimas de violaciones, eran obligadas a abortar con hasta ocho meses de embarazo.

El ex combatiente de las FARC Héctor Arboleda Buitrago, "El enfermero", detenido en Madrid por estar acusado de realizar más de quinientos abortos forzados a guerrilleras de esta organización, fue puesto en libertad con medidas cautelares.

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco adoptó esta decisión mientras se decide sobre su extradición a Colombia, al entender que los hechos por los que se le acusa podrían estar prescritos.

En esta resolución influyó el hecho de que el detenido padezca una enfermedad degenerativa grave que le hace ir en silla de ruedas, además que por motivos familiares, tiene arraigo en Madrid, informaron fuentes jurídicas.

Para mantenerle sujeto a esta causa, el juez lo dejó en libertad con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado y de designar domicilio y teléfono, y acordó también la retirada del pasaporte al detenido, que cuenta con doble nacionalidad colombiana y española.

Al reclamado no se le preguntará si desea ser extraditado hasta que las autoridades colombianas presenten la documentación en la que apoyan su reclamación de extradición, para lo que cuentan con 40 días de plazo.

Sobre Arboleda, de 40 años, pesaba una circular de la Interpol por los delitos de "tortura agravada, aborto sin consentimiento y concierto para delinquir", lo que llevó a su detención la pasada semana.

Las víctimas, que habían sufrido violaciones por parte de los miembros de la organización y entre las que había más de cincuenta menores de edad, fueron obligadas a abortar hasta con siete y ocho meses de embarazo, según las acusaciones que existen contra Arboleda.

La mayor parte de las intervenciones se llevaron a cabo entre los años 1998 y 2000, a raíz de una norma de la dirección de las FARC en la que se decretaba que se podía castigar con el fusilamiento a las guerrilleras que se negaran a que les practicaran interrupciones del embarazo.

Según informaron las autoridades colombianas, las intervenciones se hicieron durante al menos 15 años en zonas remotas del oeste y centro de Colombia.

La investigación comenzó cuando se recibió de las autoridades colombianas una comunicación sobre la posible presencia en Madrid de un excombatiente de las FARC, conocido como "El enfermero", que se habría asentado en España huyendo de la justicia colombiana.