Gobierno peruano expresó sorpresa por investigación de la Fiscalía a indulto de Fujimori

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EFE

"Me sorprende que se tome investigaciones sobre decisiones políticas", expresó la vicepresidenta.

La autoridad valoró que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien concedió el indulto a Fujimori, "no está siendo investigado".

 @albertofujimori

El indulto eximió a Fujimori de cumplir más de la mitad de la condena a 25 años de prisión que recibió en 2009.

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, manifestó su sorpresa ante las informaciones publicadas este jueves de una investigación preliminar abierta por la Fiscalía sobre el indulto concedido al ex presidente Alberto Fujimori para exonerarlo de cumplir en su totalidad una condena por delitos de lesa humanidad.

"Me sorprende que se tome investigaciones sobre decisiones políticas. Entiendo que la Fiscalía tiene que investigar muchos casos de corrupción, pero esto es una decisión política que está resguardada explícitamente por la Constitución", aseveró Aráoz a medios locales.

Aráoz indicó que hasta ahora "es solamente un proceso de indagación preliminar" y valoró que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien concedió el indulto a Fujimori, "no está siendo investigado".

La vicepresidenta, quien también ejerce de congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, mantuvo su posición de que el indulto no fue un acuerdo político con Fujimori para darle la libertad a cambio de que el ex mandatario se salvara de ser destituido por el Congreso.

Indicó que Kuczynski "siempre habló de un indulto humanitario" en el que no hubo "ningún dolo en el acto de toma de decisiones del presidente".

Aráoz afirmó que los ministros se enteraron de la "decisión propia e individual" de Kuczynski de indultar a Fujimori en el momento que lo hizo público y que antes de eso ella no tenía conocimiento, al igual que otros ministros.

La investigación de la Fiscalía

El fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar al proceso del indulto a petición del procurador público (abogado del Estado) anticorrupción Amado Enco, según indicaron fuentes de la Fiscalía al diario El Comercio.

Las diligencias contemplan la toma de declaraciones de una lista de altos funcionarios implicados en el proceso del indulto, cuyo último integrante es el ex presidente Kuczynski, según las mismas fuentes.

Otros citados serán los ex ministros de Justicia Enrique Mendoza y de Salud Fernando D'Alessio, así como los antiguos integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, encargada de elaborar el informe que recomendó al presidente el indulto.

Fujimori fue indultado por Kuczynski la pasada Navidad bajo sospechas de ser un acuerdo político y no por un carácter humanitario debido a la salud del expresidente, de 79 años.

La gracia se la otorgó solo tres días después de que Kuczynski evitara ser destituido del cargo en una moción que ganó gracias a las abstenciones de diez parlamentarios fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien había pedido en reiteradas ocasiones al entonces mandatario el indulto para su padre.

La medida eximió a Fujimori de cumplir más de la mitad de la condena a 25 años de prisión que recibió en 2009 por la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El indulto fue sustentado en una supuesta enfermedad grave no terminal y degenerativa que se agudizaba por sus condiciones carcelarias, a pesar de que en prisión tenía atención médica constante y una celda con tres ambientes.

Durante el proceso se registraron supuestas irregularidades como la participación del médico personal de Fujimori en la Comisión del Ministerio de Justicia que lo revisó y una inusitada velocidad burocrática en un trámite que por lo general puede demorar unos seis meses.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado peruano investigar la legalidad del indulto antes de recurrir a ella para emitir una decisión.