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Crisis en la Corte de Apelaciones de Concepción suma una traba en la Fiscalía

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- Periodista Digital:
Cooperativa.cl

La persecutora Marcela Cartagena no puede investigar la querella por desacato en contra del pleno activo en 2016.

Una de las ministras que aparecen en la acción judicial es su suegra, María Leonor Sanhueza.

 ATON (Archivo)

Ocho ministros de la Corte de Apelaciones de Concepción se han debido inhabilitar en causas del Ministerio Público luego de que se acogiera a trámite la querella.

La crisis en Corte de Apelaciones de Concepción por inhabilitación de ocho ministros ahora suma una traba en el Ministerio Público.

A consecuencia de la querella del ex juez de Garantía de Cabrero Leonel Castro, quien acusó desacato por parte del pleno que funcionaba en el año 2016 en la capital regional, más de la mitad de los ministros del tribunal de alzada se han debido inhabilitar en causas del Ministerio Público.

Ahora se conoció que la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, también se inhabilitó, porque una de las ministras que aparecen en la querella es su suegra, María Leonor Sanhueza.

De esta manera, Cartagena informó que el Ministerio Público en el Biobío no puede llevar adelante la investigación por desacato.

"Efectivamente, por filiación matrimonial, yo tengo relación de parentesco con una de las ministras de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Conociendo los antecedentes directamente de manera oficial, porque antes era un comentario, yo pongo en conocimiento del fiscal nacional (Jorge Abbott) los antecedentes", detalló.

La fiscal regional del Biobío solicitó a Abbott "que, por razones de inhabilidad, tenga a bien tomar la decisión de sacar la investigación de la Región del Biobío".

Se espera un pronunciamiento del fiscal nacional para conocer cuál será la Fiscalía que lleve adelante la investigación por desacato.

La denuncia surgió luego que el pleno acusado no obedeció a la sentencia de un sumario administrativo que obligaba a oficiar al Ministerio Público el inicio de una investigación por el robo de un celular institucional desde su oficina en Cabrero y que posteriormente apareció en la misma Corte penquista.