Con nudos críticos por resolver, el reajuste público entró en tierra derecha en el Senado

El proyecto de reajuste al sector público ingresó este jueves a su fase decisiva tras ser radicado en la Comisión de Hacienda del Senado.

Luego de una maratónica jornada en la Cámara de Diputadas y Diputados, el informe arribó a la Cámara Alta a las 02:45 horas, dando inicio a un cronograma legislativo que busca despachar la iniciativa antes de que finalice la próxima semana.

El aumento de 3,4% en los salarios acordado con la Mesa del Sector Público fue apoyado por la mayoría de los diputados, salvo por las bancadas de la UDI y el Partido Republicano, que la rechazaron.

En una sesión que se encuentra en pleno desarrollo, la Comisión de Hacienda acordó citar a autoridades clave para el análisis técnico: la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides.

Respecto a los plazos, la instancia se propuso despachar la iniciativa el próximo lunes, con el fin de que la Sala del Senado la vote el martes y así permitir que la Cámara Baja inicie el tercer trámite constitucional el miércoles.

Actualmente, la sesión se mantiene en etapa de audiencias, donde diversos dirigentes de las confederaciones de trabajadores públicos continúan presentando sus observaciones.

Puntos de fricción: "confianza legítima" y cese de funciones

Uno de los principales desafíos del Ejecutivo es revertir los reveses sufridos en el primer trámite. El Gobierno confirmó que repondrá la polémica norma sobre "confianza legítima", que pretende dar cierta protección legal al personal a contrata en caso de despidos injustificados, consagrándoles el derecho a reclamar y obligando a la Contraloría a pronunciarse, la cual fue rechazada en la Cámara por falta de quórum.

Esta disposición, tachada de "ley de amarre" por la oposición, es considerada vital por los gremios de trabajadores del Estado, quienes a esta hora exponen ante los senadores para presionar por la restitución del texto original.

El debate también sumó un flanco inesperado tras la intervención del senador José Miguel Insulza (Partido Socialista), quien puso en duda la legalidad de la norma que establece el cese de funciones a los 75 años. La controversia radica en el artículo que excepciona de esta jubilación forzosa a autoridades unipersonales y académicos de excelencia de universidades estatales.

Insulza advirtió que Chile ha suscrito tratados internacionales que prohíben la discriminación por edad, manifestando su preocupación por la validez jurídica de la norma general frente a estos compromisos internacionales.

Además, en El Primer Café, el panel económico consideró este jueves que la decisión de la Cámara Baja de aprobar el reajuste con un aumento de 3,4% fue "una pésima idea" y que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric traspasará la carga fiscal al Mandatario electo, José Antonio Kast.