Oficialistas buscan eliminar la "legítima defensa privilegiada" tras fallo en el caso Gatica

Publicado:
- Periodista Radio: Fernanda Ávila
- Periodista Digital:
Redacción Cooperativa

Diputados del sector creen que este apartado de la Ley Naín-Retamal debilita el control judicial sobre el uso de la fuerza estatal, y daña el compromiso con los DD.HH.

Por lo pronto, el PS declinó entregar su apoyo a la propuesta, apuntando que la discusión debería ser en torno a las Reglas de Uso de la Fuerza.

 ATON

El fallo absolutorio de Claudio Crespo, pese a acreditarse que disparó contra Gustavo Gatica, ha reactivado las discusiones sobre responsabilidad penal.

La coyuntura política nacional se ha visto sacudida por la presentación de un proyecto de ley que busca derogar la figura de la "legítima defensa privilegiada" dentro de la Ley Naín-Retamal, iniciativa ingresada formalmente por un grupo de cinco diputados oficialistas, liderados por el partido Acción Humanista.

Esta propuesta legislativa se originó tras la reciente absolución de Claudio Crespo, exoficial de Carabineros identificado como el autor de los disparos que cegaron a Gustavo Gatica, actual diputado electo.

El proyecto, firmado por los diputados humanistas Ana María Gazmuri y Tomás Hirsch, los comunistas Carmen Hertz y Matías Ramírez, y la frenteamplista Maite Orsini, pretende derogar específicamente los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del numeral 6 del Artículo 10 del Código Penal.

Los parlamentarios argumentan que la legítima defensa privilegiada altera principios básicos del derecho penal chileno, debilita el control judicial sobre el uso de la fuerza estatal, y daña el compromiso con los derechos humanos.

Por otro lado, la iniciativa aterrizó en el Congreso mientras el oficialismo permanece dividido por las votaciones de cada legislador del sector cuando la Ley Naín-Retamal seguía en trámite.

En ese contexto es que el diputado socialista Raúl Leiva tomó distancia de la propuesta: "Nadie podría estar en desacuerdo con que las Fuerzas Armadas deben estar premunidas de atribuciones que permiten controlar el delito y ejercer fuerza pública en materia de persecución criminal, debidamente amparado por una norma cuyo objeto fue justamente la legítima defensa privilegiada".

"Un tema muy distinto es cuál va a ser el control y las atribuciones que van a tener Carabineros y FF.AA. en el control de movilizaciones sociales, y a ese respecto, hace casi dos años, la Cámara de Diputados despachó la ley de Reglas de Uso de la Fuerza. Es ahí donde se distingue nítidamente entre persecución criminal y cómo se controla una movilización social", advirtió.

Desde el Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, evitó referirse al tema, apuntando que la discusión tendrá lugar en la futura Legislación, y por ende, será vista por la próxima Administración.