Oficialistas buscan eliminar la "legítima defensa privilegiada" tras fallo en el caso Gatica

La coyuntura política nacional se ha visto sacudida por la presentación de un proyecto de ley que busca derogar la figura de la "legítima defensa privilegiada" dentro de la Ley Naín-Retamal, iniciativa ingresada formalmente por un grupo de cinco diputados oficialistas, liderados por el partido Acción Humanista.

Esta propuesta legislativa se originó tras la reciente absolución de Claudio Crespo, exoficial de Carabineros identificado como el autor de los disparos que cegaron a Gustavo Gatica, actual diputado electo.

El proyecto, firmado por los diputados humanistas Ana María Gazmuri y Tomás Hirsch, los comunistas Carmen Hertz y Matías Ramírez, y la frenteamplista Maite Orsini, pretende derogar específicamente los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del numeral 6 del Artículo 10 del Código Penal.

Los parlamentarios argumentan que la legítima defensa privilegiada altera principios básicos del derecho penal chileno, debilita el control judicial sobre el uso de la fuerza estatal, y daña el compromiso con los derechos humanos.

Hirsch dijo que "esta legítima defensa privilegiada contraviene total y absolutamente lo que son las normas internacionales en materia de protección de los derechos humanos, y sin ningún ánimo de intervenir en un juicio como el que ha significado la impunidad de un comandante de Carabineros, el comandante Crespo, creemos que es fundamental, a partir de lo que ya ha pasado en nuestro país, prevenir que situaciones tan horrorosas, tan dolorosas, tan dramáticas como esta vuelvan a ocurrir".

Su par del FA Lorena Fries, si bien no impulsó la iniciativa, coincidió y agregó que "es necesario revisar la figura de la legítima defensa privilegiada y mejorar una normativa que puede generar interpretaciones amplias y abusivas".

"(Estas acciones de presentar una propuesta al respecto) no buscan ni pueden entenderse como un quiebre político (al interior del sector), sino que es parte del deber y de un trabajo que hacemos los diputados y diputadas", sostuvo, en referencia a la decisión del PS de suspender su participación en la alianza de Gobierno tras las recriminaciones por el fallo del caso Gatica.

Oficialismo sigue dividido por votaciones de cada legislador en tramitación de Naín-Retamal

La iniciativa aterrizó en el Congreso mientras el oficialismo permanece dividido por las votaciones de cada legislador del sector cuando la Ley Naín-Retamal seguía en trámite.

En ese contexto, el diputado socialista Raúl Leiva tomó distancia de la propuesta: "Nadie podría estar en desacuerdo con que las Fuerzas Armadas deben estar premunidas de atribuciones que permiten controlar el delito y ejercer fuerza pública en materia de persecución criminal, debidamente amparado por una norma cuyo objeto fue justamente la legítima defensa privilegiada".

"(Pero) un tema muy distinto es cuál va a ser el control y las atribuciones que van a tener Carabineros y FF.AA. en el control de movilizaciones sociales, y a ese respecto, hace casi dos años, la Cámara de Diputados despachó la ley de Reglas de Uso de la Fuerza. Es ahí donde se distingue nítidamente entre persecución criminal y cómo se controla una movilización social", advirtió.

Desde el Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, evitó referirse al tema, apuntando que la discusión tendrá lugar en la futura Legislación, y por ende, será vista por la próxima Administración.