Suprema revisa recurso que busca anular la condena del exdirector PDI Héctor Espinosa
Sentenciado a 17 años de cárcel por corrupción, el otrora policía acusó que la Justicia "cometió graves vulneraciones" al debido proceso.
Entre otras cosas, denunció que el tribunal trasladó indebidamente, a él y a su esposa, María Magdalena Neira, la carga de "pruebas diabólicas".
El recurso también busca anular la condena a Neira, que deberá cumplir 541 días de cárcel por el delito de lavado de activos.
La Corte Suprema revisa esta jornada un recurso de nulidad interpuesto por el exdirector PDI Héctor Espinosa, que busca abolir el juicio que lo condenó por corrupción a 17 años de cárcel.
Espinosa fue sentenciado el 1 de diciembre pasado tras ser declarado culpable por delitos de malversación, lavado de activos y falsificación y uso malicioso de instrumento público; ilícitos por los que también se le asignó pagar una multa de 146 millones de pesos.
Según El Mercurio, el recurso de nulidad también busca anular la condena de la esposa del otrora policía, María Magdalena Neira, que fue sentenciada a 541 días de cárcel por el delito de lavado de activos.
El documento sostiene que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago "cometió graves vulneraciones" al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley.
En específico, afirma que la Justicia trasladó indebidamente la carga de la prueba a los acusados al exigirles que demostraran el origen lícito de su patrimonio, en lugar de hacerlo al Ministerio Público.
Además, el texto expresa que se vulneró la presunción de inocencia porque "el fallo construye la condena sobre la premisa de que todo dinero en efectivo que no tenga un 'rastro bancario' o 'documental' previo es, por defecto, dinero proveniente de los gastos reservados (de la institución policial)".
Exigieron a los acusados "pruebas diabólicas", acusa la defensa
El recurso también fustigó que se exigió a los acusados una "prueba diabólica" al requerir el respaldo documental de ahorros en efectivo acumulados durante décadas, provenientes de viáticos internacionales, venta de acciones y ahorro en dólares.
"No solo exigió una prueba documental imposible, sino que un acto completamente ilícito", enfatiza la defensa de Espinosa y Neira.
La acción cuestiona además que el tribunal sugiriera eventuales delitos tributarios, sin que formaran parte de la acusación: "El Tribunal calificó como irregular o eventualmente delictiva la venta o cambio informal de dólares, pese a tratarse de una actividad lícita".
Otro punto central es la crítica a la falta de análisis del patrimonio histórico de los imputados. La defensa reprocha que el tribunal validara que la Fiscalía no investigara el patrimonio previo, concentrándose solo en los depósitos realizados entre 2015 y 2017.
"Al declarar innecesario el estudio del patrimonio histórico, el tribunal presume que todo dinero depositado en el período investigado es nuevo e ilícito, salvo que el acusado pruebe lo contrario", sostiene el recurso.
Por último, respecto de Neira, el documento denuncia que se le impuso un deber de fiscalización de su marido basado únicamente en su condición de funcionaria del SII: "El tribunal dispone un deber de conducta -indagar diligentemente al marido- que no está establecido en la ley penal (...). El fallo la castiga (A Neira) por no actuar como 'funcionaria del SII' dentro de su hogar, vulnerando la separación de roles".