Venezuela aprobó histórica amnistía: Rodríguez pide aplicarla con "máxima celeridad"

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EFE

La norma, ratificada de forma unánime en el Congreso, permite liberar a presos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025.

No podrán acceder al indulto aquellos imputados o condenados por promover o participar en acciones armadas o de fuerza.

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Rodríguez ya firmó esta norma para que sea publicada en la Gaceta Oficial y entre en vigencia lo antes posible.

De manera unánime, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó una histórica ley de amnistía para presos condenados en diferentes episodios de crisis política entre 2002 y 2025.

La nueva legislación excluye de la aplicación los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Igualmente, establece la exclusión de personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por "promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial" de Venezuela por parte de "Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, se designó una comisión especial conformada por 23 diputados -entre opositores y chavistas- que desarrollará e implementará "mecanismos" para asegurar el cumplimiento de la ley, y los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos.

Postal de la histórica votación de este jueves. (Foto: EFE)

En el artículo 7, objeto de diferencias entre los parlamentarios y por el cual se postergó el debate la semana pasada, se establece que las personas deben presentarse ante los tribunales para solicitar la amnistía, y permite que aquellos que no se encuentren en el país hagan el procedimiento a través de un representante legal.

En tanto, en el artículo 11 se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que se anulen a través de una "sentencia de reemplazo", en un plazo "que no excederá los 15 días continuos".

La normativa también dispone que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigencia de la amnistía serán procesadas con normalidad según la legislación.

Rodríguez pide aplicar la ley con "máxima celeridad"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que den "máxima celeridad" a la aplicación de la histórica ley.

Tras recibir en el palacio presidencial de Miraflores a la comisión que seguirá el cumplimiento del proceso, Rodríguez dijo sentirse "muy complacida" por la aprobación de esta norma, y ya la firmó para que sea publicada en la Gaceta Oficial y entre en vigencia.

Fue entonces que también solicitó que los organismos respectivos evalúen casos que no están contemplados en la recién aprobada ley para "curar heridas, reencauzar la convivencia democrática" y la justicia.

"Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia", puntualizó la líder chavista.

Esta propuesta se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar de EE.UU. el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.