Megarreforma: Corte Suprema recomendó "ajustes relevantes" en área medioambiental

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EFE / Cooperativa.cl

Planteó reparos ante los cambios propuestos para el sistema de evaluación, de impugnación de resoluciones, y a las competencias de los tribunales.

Republicanos valoró las observaciones para "perfeccionar" el proyecto, mientras que la oposición sostuvo que ya las había alertado en un principio.

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El informe del máximo tribunal se suma a los comentarios del CFA y el FMI sobre el eventual "impacto fiscal neto negativo" que causaría el proyecto y los esfuerzos que requiere "alcanzar las metas de déficit y deuda".

La Corte Suprema emitió un informe en el que recomendó realizar "ajustes relevantes" a la megarreforma impulsada por el Gobierno de Kast para agilizar permisos medioambientales.

Los reparos emitidos por el máximo tribunal al Presidente y a la Cámara abordan las modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales.

En concreto, la Suprema argumentó sobre el mecanismo propuesto para la restitución de gastos directos y efectivos para los titulares de proyectos cuya resolución de calificación ambiental sea anulada judicialmente.

Su observación advierte que, a pesar de que la regla busca proteger la confianza legítima del titular, "aparece formulada en términos amplios".

"Sus resguardos se concentran principalmente en la acreditación y cuantificación del gasto, y no en presupuestos sustantivos estrictos de procedencia", añade.

El riesgo, dice el informe, es que "el Fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada".

En virtud de ello, recomiendan que se exija "buena fe del titular, ausencia de contribución al vicio, razonabilidad de los gastos y una carga patrimonial anormal o desproporcionada".

Sin embargo, la Corte reconoció que "la propuesta innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente", indican.

"Se requieren ajustes relevantes" de coordinación, precisión y delimitación normativa

Por otro lado, en lo referente a la impugnación de las resoluciones de calificación ambiental, "(la megarreforma) no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema".

Además, "omite armonizar esta nueva acción con las reglas de legitimación activa de la Ley N°20.600 (que crea los Tribunales Ambientales), lo que puede afectar su eficacia práctica y generar incertidumbre sobre quiénes podrán ejercerla".

La conclusión de la Corte es que "la regulación propuesta requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos".

El informe del máximo tribunal se suma a los comentarios de organismos especializados como el nacional Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el eventual "impacto fiscal neto negativo" que causaría el proyecto y los esfuerzos que requiere "alcanzar las metas de déficit y deuda".

Republicanos valora recomendaciones y oposición sostiene que las alertó desde el principio

El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda -que aprobó la idea de legislar la megarreforma-, Agustín Romero, afirmó que valoran las observaciones porque "sirven para perfeccionar" el proyecto durante la tramitación, y agregó que la Suprema reconoce objetivos atendibles como le recuperación de inversión, empleos, certeza jurídica y destrabar proyectos paralizados.

Sin embargo, el diputado comunista Boris Barrera expresó que desde la oposición ya habían levantado alertas al respecto: "Tal vez porque somos oposición el Gobierno no nos escucha, pero es mucho más preocupante ahora de que hay organismos que hacen las mismas advertencias y no sobre algunos puntos, (sino) casi todos los puntos que son la columna vertebral del proyecto, como la reducción del impuesto corporativo y la reintegración (tributaria), sostuvo.

"Ahora con la Corte, los temas medioambientales también lo habíamos levantado. Por otro lado, las advertencias del CFA y del FMI, que no son entes de izquierda, dicen de que todas estas medidas generan un riesgo fiscal importante", subrayó Barrera.

Schalper llama a la centroizquierda a desmarcarse de diputados que adelantaron 2.500 indicaciones

En tanto, el diputado RN Diego Schalper llamó a sectores de la centroizquierda a "marcar distancia" de los diputados que, durante un segmento del podcast "Provócame" viralizado en redes sociales, adelantaron una eventual presentación de 2.500 indicaciones al proyecto, lo que el Gobierno acusó de "obstruccionismo y sabotaje".

"El video que hemos conocido ayer (viernes) le brinda una oportunidad a la centroizquierda a darse cuenta que ese camino es un camino que, evidentemente, no conduce a nada. Por lo tanto, creo que es el minuto en que reflexione; que marque distancia de las formas de hacer política que muchas veces imponen las miradas más extremas, provenientes del Partido Comunista y de ciertos sectores del Frente Amplio", denunció.

"Me cuesta imaginar a la senadora (y timonel del PS, Paulina) Vodanovic en un video como ese, o a los senadores del PPD. Entonces, yo creo que es el minuto que en la Cámara la centroizquierda se dé cuenta que el derrotero en el que están colgados de liderazgos extremos es un camino que no le hace bien ni a Chile ni al diálogo político", aseveró Schalper.

"En vez de dejarse caer el lunes con una avalancha de indicaciones que den cuenta de un ánimo obstructivo, (espero que) más bien representen al país un grupo razonable de indicaciones o de temas que podamos discutir", cerró el diputado. 

Ese día termina el plazo para el ingreso de indicaciones y, posteriormente, el martes comenzaría la votación en particular de la inciativa en la Comisión de Hacienda, para luego pasar a las de Trabajo y de Medio Ambiente.

Romero estipula que la megarreforma se vote en la Sala de la Cámara a más tardar el 18 de mayo para que el Senado pueda comenzar su discusión antes del día 21.