Fiscal develó "lastimoso" modus operandi de carabineros que robaban a civiles en Talca

El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, detalló este viernes por la noche el "lastimoso" modus operandi de la banda de seis funcionarios de Carabineros imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación criminal, robo con intimidación, robo en lugar habitado, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, tráfico de drogas y detención ilegal.

En la audiencia de formalización de cargos, que se extendió por más de ocho horas, el Juzgado de Garantía de la capital maulina decretó el ingreso en prisión preventiva de los policías dados de baja, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cinco meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, los imputados se organizaron y prevalieron de sus cargos como carabineros para cometer una serie de delitos vistiendo uniforme y utilizando vehículos institucionales.

De este modo y abusando de dicho poder, ingresaron por la fuerza a propiedades y locales comerciales, sin orden judicial ni haber presenciado delitos en flagrancia, para bajo la excusa de allanamientos, proceder al robo de especies desde dichos lugares.
Asimismo, luego, redactaban partes con información falsa que remitían a la Fiscalía Local de Talca, faltando de esta manera dolosamente a la verdad.

A la salida de la audiencia, el fiscal De la Fuente destacó el rigor del proceso y la contundencia de la carpeta investigativa, la cual cuenta con más de 1.500 páginas de pruebas documentales, registros audiovisuales e interceptaciones.

"Esta situación no es normal; esta situación es dolorosa, pero las instituciones como las nuestras, cuánto más dolorosos son estos ambientes, de mejor manera investigan, con más acuciosidad, porque nos interesa la transparencia para toda nuestra comunidad", dijo ante la prensa.

Al ser consultado sobre la mecánica con la que operaban los policías imputados, el persecutor describió que "tomando conocimiento de la existencia de algunos hechos ilícitos que se podrían estar produciendo, como la venta de cigarrillos, y que en consecuencia había dineros en torno a ellos, sin contar con ningún tipo de autorización ingresaban en locales comerciales, en casas-habitación, y procedían, en definitiva, a recuperar estos elementos ilícitos".

"Pero además (procedían a) incautar no solamente los dineros asociados a la comisión de los delitos, sino que además —y esto es lo lastimoso— a revisar las casas, revisarles bolsillos y en definitiva llevarse cuanta especie de valor— léase dinero— se encontraba. Después les informaban a la autoridad cantidades menores o simplemente no se informaba incautaciones de dinero", reveló.

La gravedad de las acciones quedó de manifiesto al revelarse que el grupo no discriminaba el perfil de sus víctimas, ensañándose incluso con adultos mayores.

De La Fuente confirmó la existencia de "dos víctimas de la tercera edad, uno de 80 y otro de 84 años. Tal como se indicó, el de 84 años incluso se descompensó y había una negativa inicial a trasladarlo incluso a un centro médico. Eso da cuenta de la situación extrema en la que estas personas quedaron producto de la intimidación a la que fueron sometidos".

Al ser requerido sobre si el alcance del robo afectó los ingresos básicos de los afectados, el jefe de la Fiscalía de Talca lamentó que "incluso les robaron la pensión a la que habían adquirido de aproximadamente 250.000 pesos. Incluso eso".

Una víctima inocente por meses en prisión

El aspecto más crítico de la investigación penal expuso cómo la organización criminal obstruyó a la justicia civil, llegando a encarcelar a un ciudadano inocente.

De la Fuente explicó que, una vez que consiguieron las pruebas de las anomalías, el Ministerio Público actuó de oficio para revocar el presidio de un afectado.

"Hay que señalar que una vez que nosotros tuvimos la información fehaciente, que la terminamos de confirmar anoche con la declaración de uno de los imputados que corroboró la falsedad de los antecedentes que habían aportado, de inmediato le planteamos al tribunal —porque así debemos hacerlo— la solicitud de libertad y, como ustedes pudieron apreciar, se hizo un receso en la audiencia y se dispuso la libertad de la persona", detalló el persecutor.

"Esto es lo grave, que demuestra la obstrucción a la investigación: primero, que se hace que el Ministerio Público investigue, y es más grave aún cuando se imponen cautelares; y, por cierto, como ustedes bien lo saben, más grave resulta todavía cuando la cautelar impuesta es la cautelar de prisión preventiva. En definitiva, en este caso una persona permaneció durante meses privada de libertad fundada en diligencias ilegales", fustigó la autoridad.

Los cargos

En detalle, el Ministerio Público imputó al teniente V.S.O.P, autoría en los delitos de asociación criminal; ocho robos con intimidación; nueve delitos de obstrucción a la investigación; seis delitos de falsificación de instrumento público; siete detenciones ilegales; un delito de robo el lugar habitado y cuatro delitos de tráfico de droga.

El suboficial mayor C.A.M.R. enfrenta cargos por asociación criminal; seis robos con intimidación; siete obstrucciones a la investigación; seis delitos de falsificación de instrumento público; siete detenciones ilegales; un robo en lugar habitado y tres delitos de tráfico de drogas.

En el caso del sargento R.E.A.S., la Fiscalía lo indaga por su responsabilidad en los delitos de asociación criminal; seis robos con intimidación; cinco delitos de obstrucción a la investigación; seis de falsificación de instrumento público; cinco detenciones ilegales y cuatro delitos de tráfico de drogas.

El cabo primero J.E.B.M. fue imputado por asociación criminal; seis delitos de robo con intimidación; siete de obstrucción a la investigación; siete falsificaciones de instrumento público; seis detenciones ilegales; un robo en lugar habitado y cuatro delitos de tráfico de drogas.

Al cabo primero L.A.S.Q, se le sindicó como autor de asociación criminal; ocho delitos de robo con intimidación; ocho delitos de obstrucción a la investigación; siete delitos de falsificación de instrumento público; siete detenciones ilegales y cuatro delitos de tráfico de drogas.

Finalmente, el cabo S.A.A.R. es indagado como autor de asociación criminal; siete delitos de robo con intimidación; ocho delitos de obstrucción a la investigación; seis delitos de falsificación de instrumento público; seis detenciones ilegales; un robo en lugar habitado y tres delitos de tráfico de drogas.