"Ordenemos la Cuenta": Congreso despachó a ley proyecto que frena alzas de la luz

El Congreso aprobó y despachó este jueves "Ordenemos la Cuenta", ley promovida por el Ministerio de Energía destinada a saldar las deudas pendientes con las empresas distribuidoras de electricidad y evitar un impacto inmediato en los bolsillos de los hogares chilenos.

Esta deuda, que recae sobre los usuarios finales, es consecuencia de los sucesivos congelamientos en las tarifas aplicados en años anteriores.

De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, no contar con esta norma habría derivado en un ajuste directo al alza en las cuentas de los hogares, alcanzando incrementos de hasta un 20% en diversas regiones del país.

"No solamente hemos legislado el pagar la deuda -que había que pagarla y que si este proyecto hoy día no se aprobaba se empezaba a cobrar de manera inmediata a todos y todas en nuestro país- sino que lo hemos hecho recogiendo mejoras que eran necesarias (...) también se recoge la posibilidad de extender el subsidio para el próximo año 2027, que no estaba en la legislación", afirmó la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Mecanismo de pago y amortiguación a partir de 2028

Para evitar un impacto desmedido en el presupuesto familiar, la regulación establece un sistema colectivo de saldado que operará entre 2028 y 2035. Este formato sumará un cobro cercano a los cinco pesos por kilowatt hora (kWh) en la facturación mensual.

No obstante, las autoridades destacan que el efecto de este ajuste estará contenido. En 2028 está programada una disminución tarifaria general cuyo monto supera el recargo de cinco pesos, lo que absorberá el costo adicional y mantendrá la estabilidad en los cobros.

Sin la aprobación legal, las facturas eléctricas registraban aumentos proyectados de hasta 20% en algunas zonas del país.

Cobertura social y protección a electrodependientes

En el plano de la protección social, la futura ley prolonga hasta 2027 el subsidio eléctrico destinado a los hogares ubicados dentro del tramo del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Asimismo, el Congreso introdujo una indicación respecto a las familias que conviven con pacientes electrodependientes.

Se eliminó el tope fijo contemplado en el proyecto inicial -que establecía una cobertura mínima de 150 kWh mensuales- para garantizar que el beneficio estatal financie el consumo efectivo requerido por los aparatos de soporte vital necesarios para el tratamiento de cada patología.

Prohibición de traspaso por fallas en el suministro

Finalmente, la normativa incorpora una disposición transitoria que regirá a contar de 2030 durante los procesos de fijación tarifaria.

A partir de esa fecha, las compañías distribuidoras tendrán prohibido incluir en las tarifas de los clientes regulados los montos asociados a compensaciones por cortes de luz o deficiencias en el servicio.

Con esta medida se busca evitar que los propios usuarios terminen financiado, mediante sus boletas mensuales, las indemnizaciones que las empresas deben saldar debido a fallas en la prestación del suministro eléctrico.