Municipalidad de Concepción fue condenada por despido por razones políticas
La comuna, capital del Biobío, deberá pagar 17,4 millones de pesos por "vulneración de derechos fundamentales".
En un fallo unánime, la justicia condenó a la municipalidad de Concepción a pagar la suma total $17.400.000 a una trabajadora que fue despedida en una vulneración de derechos fundamentales, pues la desvinculación se debió a posición política, pues militaba en el Frente Amplio.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandante y reemplazó la sentencia de primera instancia, porque se estableció que la decisión de no renovar el contrato de la funcionaria constituye un acto de discriminación arbitraria por razones políticas.
Los ministros Carola Rivas y Rodrigo Cortés, y el abogado integrante Rafael Kuncar, estimaron que la relación entre la demandante y la municipalidad "reviste todas las características de una relación laboral del sector privado, excediendo con creces los límites de la ley estatutaria municipal".
"En efecto: Primero: Las labores de la actora como encargada de la Academia de Innovación Municipal se extendieron en forma ininterrumpida por 2 años y 8 meses (2022 a 2024), lo cual descarta de plano toda nota de 'accidentalidad' o 'transitoriedad' en sus funciones. Segundo: El 'Programa de Desarrollo y Fomento Productivo Local' al cual estaba adscrita no constituye un 'cometido específico y acotado', sino que es una estructura permanente y habitual de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio, destinada a ejecutar atribuciones que la propia Ley 8.695 encomienda de manera habitual a los municipios en materia de fomento productivo y capacitación laboral", relata el fallo.
Para los jueces, "concurre con nitidez el elemento de subordinación y dependencia, manifestado en la obligación de la actora de cumplir una jornada ordinaria de trabajo fijada de lunes a viernes, de desarrollar sus funciones de manera estable en dependencias de la municipalidad, de estar sujeta a instrucciones jerárquicas directas de un supervisor, de rendir informes mensuales visados por jefaturas como condición suspensiva de su pago, y de someterse al control de permisos y compensación de horas por parte de la Dirección de Personal. Asimismo, utilizaba vestimenta y credencial institucional, actuando ante el público en representación del propio municipio".
La decisión de no renovar la contratación se hizo efectiva desde el 1 de enero de 2025, un "acto de discriminación arbitraria por razones políticas", durante la administración que lidera Héctor Muñoz, del derechista Partido Cristiano de Chile.