Banquetera que dejó 60 bodas sin servicio y pagó fianza para salir de prisión hoy está prófuga
La PDI y la Fiscalía de Viña rastrean el paradero de Natalia Álvarez Murillo, que aprovechó una dilación judicial para escapar.
Entre las víctimas figura la nieta de Juan Alcayaga ("Don Carter").
Álvarez acumula acusaciones de estafa reiterada por 120 millones de pesos.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Viña del Mar se encuentran desplegadas para dar con el paradero de Natalia Álvarez Murillo, propietaria de la empresa Probarte Banquetería SpA, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia.
La imputada, junto a su pareja, José Galarce, había sido formalizada por el delito de estafa reiterada que afectó a 60 víctimas por un monto cercano a los 120 millones de pesos en matrimonios no realizados.
Entre las decenas de víctimas se encuentra la nieta del actor Juan Alcayaga, conocido popularmente como "Don Carter", quien en diciembre de 2025 visibilizó a través de un video el enorme daño emocional y económico provocado por la productora.
Pese a haber quedado inicialmente en prisión preventiva por riesgo de fuga, Álvarez logró recuperar su libertad tras pagar una fianza de aproximadamente cinco millones de pesos.
De acuerdo con información de La Tercera, aunque los querellantes apelaron de inmediato ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el tribunal de alzada tardó tres días en revocar la medida y reestablecer la prisión sin derecho a caución, tiempo durante el cual la imputada perdió el rastro y actualmente permanece inubicable, con sospechas de que podría encontrarse en la Región de Atacama.
Ante las diligencias para ubicarla, la madre de la imputada, Julia Murillo, interpuso un recurso de protección alegando presuntos allanamientos sin orden judicial y hostigamientos hacia su familia y sus nietos menores de edad por parte de efectivos policiales.
Tanto la PDI como el fiscal a cargo de la causa, Leonel González, respondieron a la corte mediante informes en los que defendieron la legalidad y legitimidad de los procedimientos orientados a dar cumplimiento a la orden de detención vigente.
En paralelo, según consignó La Tercera, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó la primera condena del caso: Galarce accedió a colaborar en la investigación mediante un procedimiento abreviado y fue sentenciado a 300 días de cárcel —pena sustituida por libertad vigilada bajo supervisión de Gendarmería— y al pago de una multa de 5 UTM.