La IA obliga a órganos judiciales a ajustar sus políticas de trabajo
Tanto la Corte Suprema como la Defensoría Penal Pública se pronunciaron sobr el uso de inteligencia artificial.
La transformación que implica la inteligencia artificial en las tareas diarias de personas e instituciones obliga cada día a nuevas reflexiones y decisiones -individuales y colectivas- y en la administración de justicia en Chile es parte de este "dilema".
Así, y con el caso de un fallo redactado con IA como telón de fondo, ahora la Corte Suprema definió un marco regulatorio para el diseño, desarrollo y uso responsable de esta tecnología.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, detalló que se establecieron 13 principios rectores, como la supervisión humana, la no discriminación, la transparencia, la trazabilidad y la independencia judicial, con miras a mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad, pero considerando "estrictos estándares éticos".
"Un principio muy importante de este auto acordado es la decisión humana: las decisiones jurisdiccionales corresponden exclusivamente a quienes ejercen la jurisdicción. Los sistemas de IA podrán asistir en tareas preparatorias, instrumentales o de apoyo, pero no sustituir la valoración de los antecedentes, la fundamentación ni la decisión que corresponda al tribunal", enfatizó.
Asimismo, la Corte Suprema estableció mecanismos de control y advertencias sobre las consecuencias disciplinarias de eventuales malas prácticas en el empleo de la IA, que derivarán en responsabilidades administrativas que serán perseguidas, según corresponda a la jerarquía del involucrado, mediante los procedimientos sancionatorios del Poder Judicial.
Defensoría Penal prohíbe la IA para definir estrategias jurídicas
En tanto, la Defensoría Penal Pública (DPP) hizo pública su primera Política de Uso Responsable de Inteligencia Artificial (IA), con la que delimita la incorporación de estas herramientas a su labor institucional.
El protocolo prohíbe de manera taxativa delegar en sistemas automatizados la definición final de la teoría del caso, la aceptación de acuerdos procesales o la interposición de recursos judiciales, exigiendo que todo escrito o análisis probatorio asistido por algoritmos sea revisado y validado por el abogado a cargo de la causa.
"La inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la defensa penal pública, fortalecer las capacidades de nuestros defensores y mejorar el acceso a la justicia. Pero hemos establecido un límite que es irrenunciable: ninguna tecnología puede reemplazar el criterio profesional, la independencia técnica ni la responsabilidad de quien ejerce la defensa", dijo la titular de la DPP, Verónica Encina.