Delegado nacional aseguró que en el país "ninguna política ni institución" permite esta práctica.
Defendió los avances en materia carcelaria, a días del incendio en Colina II.
La delegación chilena encabezada por el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, presentó este martes un informe sobre cumplimiento de la Convención de la Tortura ante el comité ad hoc de las Naciones Unidas en la 42° sesión de la instancia, que se realiza en Ginebra.
En la instancia hubo un intercambio de preguntas y respuestas que abarcó la protección y acciones civiles y reparatorias de víctimas en caso de tortura; los alcances de las comisiones Rettig y Valech; situación carcelaria en Chile; iniciativas de Gobierno y proyectos legislativos como la creación del Instituto de Derechos Humanos, entre otras.
El presidente subrogante del comité, Xuexian Wang, "destacó el alto nivel de representatividad y preparación de la delegación chilena", de acuerdo al ministerio.
Ley de Amnistía
Durante la sesión, el subsecretario Frei, planteó que "en Chile no existe ninguna política ni institución que ampare o permita la tortura. Cualquier hecho aislado que se desvíe de esta misión es investigado y sancionado".
El funcionario añadió que en materia de tortura se han dictado tres sentencias condenatorias firmes y se encuentran en curso otros 32 procesos judiciales por este mismo delito.
En dichos procesos, están en calidad de acusados 20 agentes del Estado y otros 22 sometidos a proceso, involucrando a más de 270 víctimas, precisó el ministerio.
En relación a la ley de Amnistía, también abordado en el comité, el subsecretario aseguró que "en Chile no hay impunidad, y existe una preocupación del Estado por investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos".
Cárceles
Consultado por el sistema carcelario chileno -fuertemente cuestionado tras el incendio en Colina II que cobró la vida de 10 internos-, Frei puntualizó que "se ha desarrollado desde el año 2000 un programa de construcción y administración de 10 unidades penales por capitales privados, manteniendo el Estado, a través de Gendarmería de Chile, la seguridad y vigilancia de los penales".
"El programa de concesiones busca solucionar el problema del hacinamiento mediante una segmentación adecuada de la población penal, que entregue servicios básicos, incluyendo el tratamiento orientado a la reinserción social eficaz y oportuna", añadió Frei.
También se expuso "la construcción de seis nuevas unidades penales y 8 ampliaciones a antiguos centros penitenciarios", además de "el incremento del número de funcionarios de Gendarmería en un 56 por ciento, lo que permitirá fortalecer el trabajo de vigilancia y reinserción social".
