Se trata de casos que actualmente no están en proceso.
Agrupación de familiares seleccionó los casos que llegarán a tribunales.
Las primeras cien de un total de 1.197 querellas por ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron presentadas este martes por los familiares de las víctimas.
Se trata de casos por los que actualmente no existen causas abiertas en la Justicia, según explicó el abogado Eduardo Contreras, patrocinador de las acciones judiciales, tras entregar el primer centenar de querellas en el Palacio de Tribunales.
Los nombres de las víctimas fueron seleccionados en un exhaustivo estudio realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dijo Contreras, que estaba acompañado de Alicia Lira, presidenta de la citada organización.
Ambos señalaron que posiblemente muchos de los casos fueron vistos anteriormente por los tribunales, pero las causas se cerraron por diversos motivos y, a su juicio, deben ser revisados por tratarse de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben ni pueden ser objeto de una amnistía.
Durante la dictadura unos 2.300 chilenos perdieron la vida a manos de agentes del Estado, de los que unos 1.200 son ejecutados políticos y el resto detenidos desaparecidos.
Contreras y Lira consideraron además una obligación que el Estado chileno, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, concurra a los casos como parte querellante.
Hasta el año pasado, dicho organismo estaba facultado para ser parte sólo en los juicios por detenidos desaparecidos, pero la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos extendió esa facultad a los casos de ejecutados políticos.
Ambos criticaron que desde la llegada a La Moneda del presidente Sebastián Piñera, el pasado marzo, dicho organismo no ha tomado iniciativas al respecto y más aún, analiza la forma de limitar la representación de las víctimas.
