Fiscalía chilena notificará a Perú que no investigará denuncia de espionaje

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Autor: Cooperativa.cl

Un documento que está en tramitación responderá de esa forma la solicitud peruana.

Suboficial Víctor Ariza está acusado de entregar información militar a Chile.

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ImagenLa Fiscalía chilena notificará a Perú su decisión de no abrir una investigación judicial sobre la denuncia que involucra a un suboficial peruano acusado de participar en Chile en actividades de espionaje contra su país, según fuentes que reporta la agencia EFE.

A través de un documento oficial que ya está en tramitación, la Fiscalía responderá así a una nueva solicitud hecha por las autoridades peruanas para indagar acerca de los supuestos vínculos que el militar peruano tenía en Chile.

El escándalo se desató a mediados de noviembre, cuando la prensa denunció que el suboficial de la Fuerza Aérea peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza supuestamente entregó a Chile secretos de Estado que implican las adquisiciones militares programadas hasta 2021.

El Gobierno peruano solicitó a Chile conocer la identidad de dos supuestos miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que habrían ejercido como los nexos chilenos de Ariza Mendoza, quien permanece arrestado en su país desde el 30 de octubre.

Los supuestos vínculosLa prensa peruana publicó que esos enlaces chilenos son el oficial Adrián Bravo Carrasco y el suboficial Jaime López Ruiz, aunque Ariza los conocía con los nombres de Víctor Vergara Rojas y Daniel Márquez Torrealba, respectivamente.

A fines de diciembre, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, determinó que no correspondía abrir una investigación en Chile porque no existen en los registros de ciudadanía las personas que Ariza afirma que le pagaron importantes sumas de dinero por información militar secreta.

Ahora, la Fiscalía decidió de nuevo desestimar la apertura de una investigación judicial relacionada con este caso.

En tanto, Ariza será procesado por los delitos de revelación de secretos nacionales (traición a la patria), espionaje y lavado de activos en agravio del Estado, y por el primero, el más grave de los que se le imputan, puede recibir entre 25 y 35 años de cárcel.

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