Uno de sus abogados más emblemáticos, Boris Paredes, anunció su renuncia para marzo.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos condicionó su respaldo a la instancia.
Preocupación ha generado en el seno del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior el próximo arribo de Sebastián Piñera al poder y las salidas de varios de sus principales responsables por motivos políticos, entre ellos la propia secretaria ejecutiva del proyecto, Rosemarie Bornard Jarpa, cuyo cargo es de exclusiva confianza de la Presidencia.
Aduciendo desconfianza de las que serán las futuras autoridades del país, uno de los abogados más reconocidos del programa, Boris Paredes, confirmó ya su renuncia a esta instancia, que desde el año 1997 representa gratuitamente ante los Tribunales de Justicia a los familiares de las víctimas de la dictadura.
"En lo personal, y sobre todo tras conocer las declaraciones de Jovino Novoa (quien se mostró partidario de la Ley de Amnistía), he decidido presentar mi renuncia a partir de marzo, porque hay que estar muy atentos a lo que va a ocurrir, y la mejor libertad creo que la puedo tener desde afuera para ver, por ejemplo, cómo impugnar un acto que pudiera ser totalmente contrario a ley, como indultar un crimen de lesa humanidad", dijo el jurista, que lamentó tener que dejar causas como el caso Calle Conferencia y la Caravana de la Muerte.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos advirtió a través de su presidenta, Lorena Pizarro, que condicionarán su respaldo a esta instancia dependiendo de "si se mantienen los mismos funcionarios, los abogados, lo que investigan, los que llevan las causas, y si es que no reciben presiones".
"La labor del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha sido impecable, al igual que el énfasis y el empuje político que han puesto ellos", agregó Pizarro.
 |
| Alberto Espina (RN) dijo que el futuro Gobierno fortalecerá el programa, pero existe desconfianza por los dichos del UDI Jovino Novoa. (Foto: UPI) |
La derecha pide confianza
Consultado por Cooperativa respecto a este tema, el senador Alberto Espina -uno de los más cercanos asesores judiciales del Presidente electo- llamó a confiar en las nuevas autoridades, asegurando incluso el citado programa incluso será fortalecido.
"Yo quisiera hacer un llamado a que dejen los prejuicios de lado, que dejen los rencores o las dudas o los temores. Nosotros en materia de respeto a los derechos de las personas vamos a ser absolutamente inflexibles. Respecto de los casos ocurridos en el pasado, vamos a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para que esas causas terminen con los culpables en la cárcel", dijo Espina.
Las palabras del parlamentario contrastan con las de Jovino Novia, quien hace sólo cuatro días consideraba en una entrevista radial que "después de 30 años, mantener procesos abiertos sin un resultado final no satisface ni el interés de la Justicia ni el interés de las víctimas, y de alguna forma también perjudica la imagen de las instituciones".
En caso de que se produzca un masivo éxodo de los abogados del programa, se podría generar una crisis de las causas que actualmente se llevan en tribunales, ante la eventual falta de dinero de muchas familias de las víctimas para cancelar los honorarios de los abogados.
