"O se respeta el orden público o la paz social se pierde", sentenció el ministro del Interior.
Dijo que las críticas a la iniciativa han tenido "ligereza".
El ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que el proyecto del Ejecutivo que busca penalizar con cárcel las "tomas violentas" de establecimientos educacionales es "esencial" para la convivencia democrática.
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| El jefe de gabinete señaló que "un gobierno no puede paralizar sus proyectos porque le molesten a un movimiento social". (Foto: UPI) |
Para el ministro "el proyecto de ley es claro: cada vez que se invada, ocupe o saquee una propiedad empleando violencia o fuerza -incluidos los establecimientos educacionales- se plantea el delito de desórdenes públicos" con una pena que "puede ir de 541 días a tres años".
"Una ocupación o toma pacífica; es decir, sin fuerza y sin violencia, no será delito conforme a estas normas. Pero si un grupo de ciudadanos ingresa violentamente a un colegio o a un hospital, con un alicate rompen el candado, descerrajan las chapas, le pegan al guardia y ocupan el establecimiento, entonces sí hay desorden público", explicó.
Ante las críticas surgidas desde los estudiantes, el jefe de gabinete recordó que "las negociaciones llevan meses" y opinó que "un gobierno no puede ni debe paralizar sus proyectos porque le pueda molestar a un movimiento social. El ministro Bulnes está trabajando con ellos, pero hay que comprender que el Gobierno también tiene otros desafíos que cumplir".
No obstante, descartó que el objetivo de la ley sea criminalizar a los estudiantes: "Lo que sí queremos criminalizar es a los antisociales que saquean un supermercado, le lanzan una molotov a un carabinero o le parten la cabeza con un skate", indicó, señalando que, precisamente, "estas normas pretenden reforzar el derecho a manifestarse de forma pacífica".
