Este "está orientado por procesos de privatización" y ello se traduce en "segmentación, exclusión y discriminación", dijo Unesco.
El organismo recordó que tratados internacionales obligan a Chile a buscar "gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria".
Un estudio realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) concluyó que el sistema educativo chileno "fomenta la desigualdad".
Según informó el organismo, el estudio fue desarrollado por Vernor Muñoz -ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, entre 2004 y 2010- e hizo una comparación de los marcos legislativos que rigen la educación en Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, con énfasis en nuestro país a propósito de la movilización estudiantil que tuvo lugar a lo largo del año.
El personero realizó un análisis de los sistemas educativos a partir de sus principales ejes -disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad- incluyendo una revisión del marco conceptual del derecho a la educación, definido por tratados internacionales que Chile ha suscrito, subrayando las obligaciones generales y específicas del Estado relativas a la educación.
Muñoz -quien visitó Chile recientemente para completar y entregar el estudio- explicó que "si bien el derecho a la educación está incorporado al bloque constitucional de la mayoría de los países, se entiende de diferentes maneras. En Uruguay tiene más un sentido de utilidad pública, en Argentina tiene más un sentido de protección y garantía; y en Chile está más cercano al fomento de actores claves vinculados con la libertad de enseñanza".
Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la debilidad de su legislación para hacer frente a la desigualdad. Aún cuando existen procesos de supervisión y control, "el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos", explica el estudio.
Además, aunque la ley prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes, "no hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", agrega.
El estudio destaca además que el esquema de becas y subvenciones, que "caracteriza muy particularmente al sistema chileno (...) protege y beneficia a la iniciativa privada, excluyendo el concepto de educación como un bien público", radicando la mirada en "consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación".
Mirada comparativa
El estudio destaca que las legislaciones de Argentina y Uruguay "son muy explícitas en restringir cualquier posibilidad de mercantilizar la educación, incluso prohibiendo la suscripción de tratados internacionales que faciliten que la educación sea tratada como un bien de consumo".
En cambio, la Constitución chilena "enfatiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas, es decir, en Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho".
El estudio recuerda, en este sentido, "que los tratados internacionales firmados por Chile, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los estados en su artículo 2º, a tomar medidas 'inmediatas y no postergables' para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria".
Para elaborar el informe, el ex relator de Naciones Unidas se reunió en Chile con estudiantes secundarios, apoderados, representantes de la sociedad civil y académicos, a fin de conocer sus perspectivas sobre el las movilizaciones estudiantiles. También compartió con autoridades de Gobierno, incluyendo al ministro de Educación, Felipe Bulnes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, senadores y funcionarios del sistema de Naciones Unidas en nuestro país. "Durante los distintos encuentros, Muñoz explicó el contenido de su informe y detalló sus hallazgos".
