Dictamen establece que el Ministerio Público no puede requerir información reservada de la causa.
También se alzó la suspensión del procedimiento ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.
El TC estableció que los antecedentes reservados no pueden ser derivados al Ministerio Público.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió la contienda de competencia en el caso de la colusión de las papeleras entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público, que deberá seguir investigando sin los antecedentes reservados de la delación compensada.
Esta contienda se originó en el requerimiento de la Fiscalía Metropolitana Sur a la Corte de Apelaciones de San Miguel para acceder a la información reservada del caso, en manos de la FNE, y que fue negada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para evitar filtraciones de antecedentes.
En su resolución, el Tribunal Constitucional afirma que los antecedentes confidenciales del caso sólo pueden entregarse o revelarse de acuerdo a lo establecido en el decreto ley que concede dicha facultad a la Fiscalía Nacional Económica, por lo que no pueden ser derivados al Ministerio Público.
El fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, a cargo de la arista penal de esta causa, explicó que "también se alzó la suspensión del procedimiento ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, razón por la cual es la Corte quien debe decidir ahora conforme a las acciones que se encuentran pendientes y hasta el día de hoy suspendidas".
En tanto, Rodrigo Díaz de Valdés, abogado de la empresa SCA (ex PISA), respondió que "la visión del fiscal es completamente errada, ya se resolvió la contienda por el tribunal competente, que era el Tribunal Constitucional, y fue totalmente claro y tajante que esa información debe mantenerse confidencial".
"La Corte de Apelaciones no tiene otra salida que reconocer lo que el Tribunal Constitucional ya resolvió, que quien le pidió la entrega de información, que fue el Ministerio Público, no se la puede requerir. El Tribunal Constitucional resolvió que el Ministerio Público no puede requerir esa información", detalló Díaz de Valdés.
En la segunda parte de su dictamen, el TC resolvió el alza de la suspensión del procedimiento en la Corte de Apelaciones de San Miguel, por lo que ahora la Fiscalía Metropolitana Sur acudirá ante el tribunal de alzada.
