Iniciativa establece el monopolio de la acción penal a la Fiscalía Nacional Económica.
Esta aprobación se realizó pese a las advertencias que realizó el propio fiscal nacional.
La iniciativa establece sanciones económicas de hasta el doble del beneficio obtenido y restablece las penas de cárcel.
La comisión mixta del Parlamento que analiza el proyecto de ley anticolusión despachó la iniciativa estableciendo el monopolio de la acción penal a la Fiscalía Nacional Económica, o sea, cada vez que sea descubierto un nuevo caso, sólo la FNE podrá querellarse.
Esta aprobación se realizó pese a las advertencias que realizó el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, hace algunas semanas, en lo que se interpretó como un gallito entre el Ministerio Público y la FNE luego que se le negara a la Fiscalía Metropolitano Sur acceder a los antecedentes de la colusión en los precios del papel tissue.
Al respecto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, manifestó que "la Fiscalía Nacional Económica tiene un récord en esta materia muy claro y categórico y es ella la que tiene que ser capaz de querellarse en estos casos".
"No compartimos el planteamiento que ha hecho respecto de ese punto el Ministerio Público, nos parece que está dentro de todas las atribuciones y es absolutamente constitucional lo que, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, ha entregado", añadió el secretario de Estado.
Tras esta aprobación, la Fiscalía Nacional Económica quedó obligada a querellarse en casos que afecten gravemente la libre competencia en un plazo máximo de seis meses desde que exista un fallo por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
"Ministerio Público debía tener derecho a querellarse"
Solo dos parlamentarios se pronunciaron en contra de este proyecto de ley en la comisión mixta, siendo uno de ellos el senador de RN, Alberto Espina, quien declaró que "creo que el Ministerio Público debía tener el derecho a querellarse en esos casos".
"No me parecía correcto inhibirle ese derecho y, por eso, voté en contra", aseveró.
Mientras que el presidente de esta instancia, el senador independiente Pedro Araya, que votó a favor, expresó que "si hubiera estado vigentes las dos normativas que están próximas a ser despachadas por el Congreso obviamente estarían presos, porque ahí estaríamos frente a casos graves de atentados a la libre competencia donde se constituyeron carteles".
Por su parte, en total oposición a esta exclusividad de querellarse para la FNE se manifestó la Asociación de Consumidores (Conadecus), cuyo presidente Hernán Calderón sostuvo que la ley es absolutamente discrecional.
"Podrían haber casos de infracciones graves a la libre competencia y que el fiscal nacional económico no hiciera las acciones penales correspondientes nos parecería gravísimo, y eso hoy no está garantizado porque queda solamente a una atribución discrecional que va a tener el fiscal nacional económico", aseguró.
Advirtió que "él va a tener que decidir cuándo gatilla la acción penal y cuándo no".
La iniciativa, además, establece sanciones económicas de hasta el doble del beneficio obtenido a quienes cometan una colusión y restablece las penas de cárcel para este delito.
El proyecto de ley quedó listo para su revisión en la Sala de la Cámara de Diputados.
