Se derogó el Decreto 153, que obligaba a empresas a pedir consentimiento para cambios de contrato.
El Ejecutivo planea crear un nuevo reglamento que no vulnere los derechos de los consumidores.
La normativa se había cambiado en diciembre.
Tras los escándalos por el alza unilateral de comisiones en Cencosud y BancoEstado, el ministerio de Economía anunció la derogación del Decreto 153, norma que obligaba a las empresas financieras a contar con el consentimiento explícito de los consumidores en caso de cambios de contrato.
El Decreto 153 establecía un reglamento sobre la manifestación expresa de aceptación de un consumidor ante eventuales cambios en sus contratos financieros, indicando que si un cliente no aceptaba los cambios en sus condiciones las empresas podían poner fin al contrato.
A juicio del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el decreto vulnera la Ley del Consumidor, "no es serio" y condena a los consumidores a la indefensión.
"La solución que se propuso en el Reglamento que conocemos perjudica a los consumidores porque, entre otras deficiencias, entrega al proveedor la facultad de terminar un contrato vigente si las personas no aceptan el cambio de condiciones. Esto da al proveedor un poder casi omnímodo para presionar a los consumidores a aceptar cambios que los perjudiquen, lo que afecta especialmente a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica", explicó la autoridad.
Añadió que en este escenario, la única opción viable es eliminar esa norma. "Llegó el momento de tratar la protección a los consumidores con la seriedad que se merece. Este Reglamento no es serio, porque no resuelve el problema y condena a los consumidores más vulnerables a la indefensión. Por eso hay que eliminarlo y reemplazarlo por otro que de verdad proteja a los consumidores", dijo el titular de Economía.
El ministro señaló además que "dictaremos un nuevo reglamento que regule las modificaciones de los contratos que efectivamente proteja a los consumidores".
"Lo haremos con la máxima celeridad, adicionalmente y tal como está comprometido en el marco de las medidas de los 100 primeros días, enviaremos al Congreso un proyecto de fortalecimiento del Sernac que permita dotar a este servicio de atribuciones reales y efectivas para fiscalizar, normar, y sancionar infracciones a la ley de los consumidores", enfatizó.
Reacciones
El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, Fuad Chahín (DC), quien interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la normativa, valoró la decisión del ministerio e indicó que su presentación "naturalmente que va a quedar sin efecto, porque no podemos mantener un requerimiento en contra de un decreto que va a haber estado derogado".
"El efecto que nosotros perseguíamos con este requerimiento ya se va a generar con la derogación misma que ha determinado el Ejecutivo", dijo Chahín.
El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, también valoró la medida y dijo compartir "plenamente" el proyecto de ley que busca fortalecer el rol del Sernac.
"Creo que es necesario darle más atribución. Sin embargo, creo que si no hay un cambio en la propia Ley del Consumidor, cambios de fondo que hoy día hace que sea una ley débil, donde hay muchas exclusiones, muchas omisiones, y además no hay un cambio en la regulación financiera y en temas de libre competencia, las atribuciones del Sernac van a seguir estando reducidas", comentó.
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras anunciaron que emitirán un comunicado cuando conozcan la nueva propuesta para estos casos.
