El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), dependiente del Ministerio de Economía, denunció este jueves, mediante un comunicado, un "nuevo ataque a funcionarios" registrado en la Región del Maule.
Según detalla la información publicada en la página web de la institución, "los hechos ocurrieron la noche del miércoles", luego de que los funcionarios incautaran un camión con 3.500 kilos de merluza extraída ilegalmente.
"Al detectar el transporte de 3,5 toneladas de recursos sin acreditación de origen, se procedió a la incautación del vehículo y su cargamento, momento en el cual los involucrados (aún sin identificar) amenazaron e intentaron agredir a los funcionarios, destruyendo además las camionetas de Sernapesca", denunció el organismo.
"Los sujetos involucrados en el ilícito atacaron a efectivos de Carabineros y funcionarios de Sernapesca y de la Seremi de Salud", quienes efectuaban "un control carretero conjunto" y "debieron resguardarse en el retén policial de Aquelarre, comuna de Vichuquén", agrega la información oficial.
Los inspectores de Sernapesca y de Salud permanecieron durante un largo rato en el cuartel policial, "pero al mantenerse la amenaza fueron escoltados alrededor de las 22:00 horas a la comisaría de Licantén".
En el intertanto, "desconocidos intentaron incendiar la oficina de Sernapesca en Iloca", y sólo "la intervención de vecinos" pudo "detener el siniestro y evitar que el fuego se propagara", informó el Servicio.
No hay personas detenidas por estos hechos.
Acciones judiciales
El director nacional de Sernapesca, Carlos Cerda, lamentó lo sucedido y manifestó que los funcionarios no sufrieron lesiones de consideración y que hubo daños a la propiedad y vehículos fiscales.
"Afortunadamente los funcionarios nuestros resultaron sin daños físicos importantes. Obviamente sí afectados psicológicamente por la tensión, por la presión de las amenazas y de la situación. Dos camionetas nuestras fueron apedreadas, por lo tanto resultaron con daños. La oficina de Iloca fue atacada con material incendiario y también sufró daños en dos de nuestras oficinas, dañados algunos equipos e implementos, estamos haciendo evaluación todavía", detalló.
Agregó que "lo que estamos haciendo hoy es iniciar todas las acciones legales respectivas en los tribunales por lo que ocurrió".
En tanto, el director nacional subrogante de Sernapesca, Germán Iglesias, repudió el ataque y anunció que durante esta jornada se interpondrá en el Juzgado de Licantén una denuncia por daños a la propiedad fiscal, amenazas y atentados contra la autoridad.
"Además, nuestros abogados presentarán un recurso de amparo preventivo para los funcionarios que recibieron amenazas y agresiones en cumplimiento de su labor fiscalizadora", dijo Iglesias.
Sernapesca recordó que el incidente de ayer "se suma a otros atentados y ataques sufridos por Sernapesca en distintas regiones del país, como la ocurrida en diciembre pasado también en la Región del Maule, en la que la Dirección Regional resultó prácticamente destruida".
Por lo mismo, anunció que pondrá estos antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado "para que se tomen las medidas persecutorias que corresponden".
"Nuestros funcionarios cumplen un rol público que es garantizar la sustentabilidad de la actividad pesquera, que se ve amenazada por el actuar irresponsable de quienes practican la pesca ilegal, extrayendo recursos sin declararlos y compitiendo deslealmente con aquellos pescadores que sí tienen un compromiso con la pesca sustentable. Este grupo además tiene un comportamiento delictual que, como institución, no vamos a tolerar, y protegeremos a nuestros funcionarios reforzando nuestras medidas de seguridad y exigiendo todo el rigor de la ley para los responsables de estas agresiones", señaló Germán Iglesias.
Según las cifras oficiales, Sernapesca ha incautado más de 80 toneladas de merluza en la Región del Maule en lo que va del año, lo que representa un tercio de la merluza ilegal detectada a nivel nacional.
El equipo jurídico de Sernapesca en el Maule trabaja en la coordinación precisamente de las acciones legales y se han elevado las solicitudes a las autoridades competentes para reforzar vigilancia policial en las oficinas que mantiene el servicio en Iloca, Peyuhue y Constitución.
