Parlamentarios del oficialismo y la oposición reaccionaron molestos ante la confirmación del Gobierno de la presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) de un requerimiento para evitar el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, despachado la semana pasada con amplia mayoría desde la Cámara de Diputadas y Diputados y ad portas de su votación en el Senado este jueves.
Tras una serie de reuniones en el Palacio de La Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SegPres), Juan José Ossa, insistió que la propuesta "se trata de una mala política pública que perjudica las pensiones, existen otras formas de contribuir mejor a las familias de nuestro país y se trata de una iniciativa inconstitucional".
La iniciativa inició su trámite el 24 de marzo, sobre la base de cinco mociones de diputados (de oposición y oficialismo) que perseguían el mismo fin.
Su mecanismo es el de una reforma constitucional transitoria, que ya se usó para concretar el primer retiro del 10 por ciento, a mediados del año pasado, pero que, en el caso del segundo, el Gobierno impugnó -con éxito, en diciembre- en el TC.
Hay que recordar que el segundo retiro de fondos fue posible gracias a un proyecto presentado, sorpresivamente, por el Gobierno, como contrapropuesta a la iniciativa de la oposición y en paralelo a su requerimiento ante el TC.
Tras el anuncio, el candidato presidencial de Renovación Nacional y el Partido Regionalista Independiente, Mario Desbordes, que a la espera de la decisión había instado al Gobierno a cambiar de opinión, afirmó que La Moneda "comete un error" con la concretación del requerimiento.
"Invito al Gobierno a reflexionar. Aún hay tiempo de que patrocine el proyecto, que lo arregle, que establezca mecanismos para que la gente pueda reponer el dinero en la cuenta de capitalización individual y así no afectar su pensión futura, que es el gran problema, pero no lo bloquee, porque el que va a salir trasquilado, afectado, dañado no es un político o un partido; es la gente que no tiene otra alternativa", señaló el ex ministro de Defensa de Piñera.
"¿Cómo vamos a ayudar a miles de personas de clase media que hoy no tienen para pagar los gastos más básicos. Creo que el Gobierno comete un error", manifestó.
En la misma línea, el senador UDI Iván Moreira coincidió que "este es un error político": "El Gobierno tiene todo el derecho de ir al TC, pero la clase media en Chile tiene el derecho también de recibir beneficios que aún no llegan a un sector importante de la población", sostuvo.
Como un "error político" también fue tildado por el senador Manuel José Ossandón (RN), quien aseveró en CNN Chile que, si bien el retiro de ahorros de las AFP "no es una buena política, los ahorros son para las emergencias, y cuando uno ve que la gente lo está pasando mal, están volviendo las ollas comunes (...), un montón de bonos que se han dado con exigencias que el mismo Estado tiene, esto ha creado un tremendo desprestigio y desconfianza en la comunidad, que se generó en un tercer retiro que va a ser aprobado el jueves".
Ossandón cree que "va a haber malestar en las calles", pero dijo que espera que no genere "un nuevo estallido social": "La violencia genera violencia y lo único que necesitamos es tener paz y estar en unión", señaló.
OPOSICIÓN: " VAMOS A DEFENDER CON DIENTES Y MUELAS"
Desde el Senado, la presidenta de la mesa, Yasna Provoste (Democracia Cristiana), afirmó que el requerimiento del Gobierno ante el TC no paraliza la tramitación del tercer retiro y será votado en la Sala el jueves.
"Es la propia Constitución que actualmente está vigente la que le entrega esta facultad al Congreso de la República y, por lo tanto, yo seré muy cuidadosa de resguardar lo que esta Constitución le ha establecido al Senado, al Congreso como poder constituyente, y no estamos disponibles a que el Ejecutivo crea que este es un monopolio del Ejecutivo, porque la actual Constitución así no lo establece", advirtió la legisladora.
En la bancada del Partido Socialista en la Cámara Baja, el diputado Marcos Ilabaca recriminó no sólo al Gobierno, sino que también a la bancada de diputados de Renovación Nacional por haber rechazado el tercer retiro mediante una reforma constitucional permanente y, en cambio, haberlo aprobado mediante el artículo transitorio.
"Señores militantes de RN, la responsabilidad de lo que está sucediendo hoy es de ustedes; la responsabilidad de lo que Chile va a sufrir es de ustedes y espero que hoy en la noche el Presidente, cuando se acueste, sienta y le pregunte a su almohada si es que está tomando buenas decisiones. Creo que su almohada le va a decir lo que hoy los millones de chilenos están pensando y sintiendo", expresó el legislador socialista.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) expuso que desde La Moneda "están cometiendo un error histórico: con una aprobación muy baja, le dan la espalda y les cierran la puerta en la cara al 90 por ciento de los chilenos".
"Vamos a ir al TC a defender con dientes y muelas el tercer retiro del 10 por ciento", advirtió Soto.
POSIBLE ACUSACIÓN CONTRA PIÑERA
El diputado Gabriel Silber (Democracia Cristiana) aseguró que desde la oposición activarán los mecanismos constitucionales para acusar al Presidente Sebastián Piñera.
"Esto es finalmente una afrenta, en este caso, al país y obviamente vamos a activar a partir de mañana un equipo jurídico de manera transversal con parlamentarios de oposición para también comenzar efectivamente a gatillar nuestras facultades y acciones constitucionales como hemos dicho", aseveró el congresista falangista en entrevista con 24 Horas.
La acusación "apunta necesariamente a que se pone en riesgo la paz social,. Estamos frente a una caldera social que puede estallar en cualquier minuto y obviamente apunta contra quien tomó la decisión al final del día", expuso Silber.
En la rueda de prensa en La Moneda, el ministro Ossa desestimó las advertencias de voces de la oposición respecto a un posible "nuevo estallido social" en rechazo a esta decisión: "Los chilenos quieren vivir en paz y esperamos que todos los líderes políticos condenen cualquier atisbo de violencia", aseguró.
De igual forma, rechazó una acusación constitucional contra el Presidente Piñera, aseverando que "parece ser muy errado pretender una acusación constitucional por ejercer los deberes constitucionales".
