Según grupos pro democráticos, el Gobierno chino pretende frustrar las esperanzas de la gran mayoría del pueblo honkonguense de elegir a sus representantes a partir del 2007.
El Legislativo chino se arrogó el derecho a decidir el futuro político de Hong Kong, decisión recibida con malestar por la oposición democrática y la población de la ex colonia británica, informó la agencia oficial Xinhua. A partir de ahora, "las autoridades del territorio deben someter las propuestas de reforma política a la aprobación del Gobierno central", afirmó Tsang Hin-chi, único delegado honkonguense de la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo).
Este dictamen, fruto de cinco días de debates entre los miembros del comité permanente de la ANP, afecta a dos cláusulas específicas de la Ley Básica (Constitución honkonguense): la elección del Jefe Ejecutivo y la formación del Consejo Ejecutivo (Parlamento).
Con esta decisión, según los grupos pro democráticos, Pekín pretende frustrar las esperanzas de la gran mayoría del pueblo honkonguense de elegir a sus representantes a través del sufragio universal directo y secreto a partir del 2007.
Tras la vuelta de Hong Kong al redil chino el 1 de julio de 1997, Pekín se comprometió a respetar el sistema democrático vigente en el enclave durante los siguientes 50 años, siguiendo las directrices de Deng Xiaoping y su teoría "Un país, dos sistemas".
"Confiamos en que la población de Hong Kong no se oponga ciegamente a esta decisión", advirtió el delegado de la ANP, en referencia a las protestas que se han desatado estas últimas semanas en el enclave, bajo protectorado británico durante 154 años.
Mientras, la oposición honkonguense tachó de "ilegal" el fallo de la ANP, único órgano con capacidad para promulgar y enmendar leyes, y lo vinculó con el deseo de Pekín de acallar las ansias democráticas del territorio.
Estados Unidos se ha manifestado también en contra de la decisión del Gobierno chino de arrogarse la última palabra sobre la reforma del sistema electoral de Hong Kong, sin ni siquiera consultar a la opinión pública.
El Gobierno central y los grupos democráticos honkonguenses mantienen un tira y afloja desde el verano pasado cuando Pekín promulgó una ley de seguridad nacional, que recortaba las libertades fundamentales, según sus críticos.
Estas fricciones culminaron el primero de julio con las mayores manifestaciones populares desde la Matanza de Tiananmen (1989) -cerca de medio millón de personas tomaron las calles- y desataron la mayor crisis política en la ex colonia desde su devolución. (EFE)
