"Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible", sostuvo el director de AI en Chile.
Los dirigentes de la organización expresaron, además, su creciente preocupación por la reacción policial.
La derogación de la ley fue una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet.
Amnistía Internacional urgió al Gobierno chileno a hacer efectiva la derogación de la ley de amnistía impuesta por Augusto Pinochet en 1978, cuya tramitación para abolirla sigue "anclada en el Parlamento sin avanzar", informaron representantes de la organización.
"Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible", sostuvo el director de la organización en Chile, Roberto Morales, al presentar en Santiago el capítulo chileno del informe anual sobre "La situación de los derechos humanos en el mundo".
Morales recordó que la anulación de la ley de amnistía fue anunciada en septiembre pasado pero aún no se ha hecho efectiva, a pesar de que el Ejecutivo le dio urgencia a la iniciativa.
La derogación de la citada ley, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, los primeros años de la dictadura militar, fue una de las promesas electorales de la Presidenta Michelle Bachelet.
En cuanto a la aplicación de la justicia militar en Chile, Amnistía Internacional ve necesaria una "modificación urgente", pues actualmente los delitos comunes cometidos por carabineros o militares son vistas por la justicia penal militar y no la ordinaria, lo que según Morales, "pone en duda la imparcialidad y la independencia del juicio".
Los dirigentes de la organización expresaron, además, su creciente preocupación por la reacción policial en el control de los disturbios y el "desproporcionado uso de los medios disuasorios como los gases lacrimógenos o los camiones de agua, una práctica casi rutinaria en todas las manifestaciones".
Derechos de inmigrantes e indígenas
Respecto a los derechos de los inmigrantes, la directora ejecutiva de la organización en Chile, Ana Piquer, aseguró que la legislación migratoria está "muy desfasada", puesto que no se hace cargo de los derechos de estas personas y las discrimina en el acceso a determinados servicios como salud, educación o vivienda.
En relación a los derechos de los indígenas, Piquer señaló que sigue siendo un tema "no resuelto" y añadió que pese a la existencia de una regulación sobre el tema, "muchas de las ordenanzas no han sido validadas transversalmente por los distintos pueblos indígenas, por lo que en el futuro se va a generar un nuevo conflicto".
A su juicio, se suma el caso particular de los mapuche, quienes muchas veces son víctimas de la violencia policial y el uso discriminatorio de la legislación antiterrorista en el contexto de los allanamientos a las comunidades donde viven.
Derechos de las mujeres
Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, otra de las piedras angulares del informe, se concreta en Chile en la discusión en torno a la tramitación de la ley de despenalización del aborto, algo que para la organización es una "excelente noticia".
"Creemos que es un tema arduo pero también estamos convencidos que es fundamental avanzar dentro del marco de una protección global a los derechos sexuales y reproductivos en Chile", subrayó Piquer.
