Abogado y caso exonerados: Hay un alto porcentaje que abusó del sistema

El abogado Juan Domingo Acosta, parte del equipo jurídico formado por La Moneda por el caso exonerados, aseguró que este programa para entregar pensiones a trabajadores despedidos de empresas del Estado durante la dictadura por razones políticas es válido y desestimó que la ministra Matthei señalara que este plan "fue diseñado para defraudar".

En conversación con Lo que Queda del Día, el abogado sostuvo que se trata de "un programa que se basó en razones humanitarias perfectamente atendibles, vale decir compensar a ciertas personas que sufrieron despidos de empresas del Estado que debían estar fundado en una razón política. Hay un tema de derechos humanos y de justicia con esas personas y el programa atendía a ese fin. Pero hay porcentaje que es alto en que se abusó del sistema y ese es el problema".

Respecto a los dichos de la titular del Trabajo, Acosta indicó que ella sólo se estaba refiriendo a las modificaciones realizadas durante el 2009 que facilitaban los trámites para acceder a estos beneficios, pero aclaró que no cuestionó el fondo del programa.

"La ministra se estaba refiriendo a una resolución del INP del 2009 que relajó los criterios para probar la filiación y pertenencia a partidos políticos y la exoneración como empresa. No se estaba refiriendo al programa, el programa nadie lo cuestiona desde el punto de vista del fundamento humanitario, el tema fue que en algún minuto el INP se relajó en que facilitaban la entrega de estos beneficios con menos certificados", sostuvo.

Consultado sobre las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien sostuvo que este puede llegar a ser uno de los mayores fraudes de la historia, Juan Domingo Acosta dijo que no era descabellado ni irresponsable decirlo.

"Creo que esa es una expresión que parte de una proyección, esa es una cantidad acotada de dinero, existen otras causas que han sido mayores, como el caso Corfo, que fueron 80 mil millones de la época, pero si uno proyecta, en forma relativamente seria, uno puede decir que esto puede superar al caso Corfo. No es algo que a mí me parezca irresponsable decirlo, tiene un fundamento serio", dijo Acosta.

Además indicó que las primeras revisiones deben ser de las personas que lograron pensiones sin tener derecho a ellas. 

"Hay que ver primero la situación de personas que sin tener derecho a una pensión la obtuvieron fraudulentamente, ese es un delito, es obtener fraudulentamente del Estado beneficios que no proceden", resaltó.

También indicó que "hay que investigar a las personas, autoridades públicas, que tenían a su cargo los fondos del Estado y que decidían el otorgamiento o no otorgamiento de estas pensiones".