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Informe UDP acusa "incumplimientos permanentes" del Estado chileno en DD.HH.

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Autor: Cooperativa.cl

Pone énfasis en temas como la penalización del aborto, el conflicto en La Araucanía y la represión en dictadura, entre otros.

Informe UDP acusa
 Archivo UPI

El informe tiene un capítulo destinado a la penalización del aborto como violación de los derechos de las mujeres.

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El undécimo Informe de Derechos Humanos presentado este lunes por la Universidad Diego Portales (UDP) acusa incumplimientos permanentes del Estado de Chile respecto a estas materias.

Por ejemplo, respecto a la "Ley Zamudio" critica la falta de institucionalidad y que no existe un órgano que se haga cargo de los problemas de discriminación. En tanto, sobre el "conflicto mapuche" denuncia que los protocolos de la policía no se ajustan al debido proceso y que la Ley Antiterrorista contiene graves falencias.

El documento, que consta de nueve capítulos sobre las principales problemáticas asociadas a los derechos humanos, también señala la privatización del derecho al agua y califica de incompleto el proyecto de ley sobre migración.

El académico Tomás Vial, editor general de este estudio, explicó que "lo que uno puede constatar es, más allá de avances o retrocesos, un incumplimiento permanente, no sólo de este Gobierno, de muchas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

Penalización del aborto

La penalización total del aborto "es una forma de violación de los derechos humanos de las mujeres" es otra de las conclusiones de este informe, que indica que en Chile se realizan 70 mil procedimientos de este tipo al año.

El reporte de la UDP recogió testimonios de mujeres que son sometidas a situaciones de vulnerabilidad y violencia, dadas las condiciones de clandestinidad en que se realizan los abortos.

La académica Lidia Casas resaltó que "en Chile se hospitalizan cada año en los hospitales más de 33 mil mujeres por aborto. Muchos podrán decir que son abortos espontáneos: nunca podrán haber 33 mil abortos espontáneos y nosotros entonces fundamos la penalización del aborto a partir del silencio y la hipocresía".

"Una penalización a todo evento, de ninguna manera va a evitar los abortos clandestinos y va a situar a las mujeres pobres en las peores condiciones", agregó Lidia Casas.

Violaciones a los derechos humanos

A 40 años de golpe de Estado, el informe de la UDP también hace referencia a las violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

Según el reporte, 868 personas han sido encausadas desde 1998, un tercio de las cuales tiene sentencia definitiva y de esos, sólo el 30 por ciento de los casos fueron condenados con privación de libertad.

El estudio también hace referencia a las querellas que se acumulan sin firma en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y llama a los candidatos presidenciales a pronunciarse respecto al tema.

Sobre la situación en que cumplen sus condenas los militares en Punta Peuco, Judith Schonsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, dijo que "Punta Peuco cumple con los estándares internacionales".

"El problema es que el resto de las cárceles chilenas no cumple. Podrían perfectamente cumplir sus penas en cárceles comunes, pero hay que siempre agregar que los estándares internacionales para las cárceles aplican, son obligación internacional y aplican a todos los presos", agregó la académica.

Schonsteiner concluyó que "entonces el problema aquí no es una nivelación para abajo sino deberíamos tener una nivelación para arriba, para los estándares internacionales".

Otras conclusiones

También incluye el informe un inédito estudio de la salud mental en Chile y las políticas públicas sobre esta materia. Asegura que las consultas por enfermedades mentales se han triplicado y que un 18 por ciento de las licencias tramitadas, corresponde a este tipo de patologías, de las cuales casi la mitad son rechazadas.

De acuerdo al documento, las políticas públicas son insuficientes y no hay un financiamiento adecuado, ya que es sólo un 3 por ciento del presupuesto del Ministerio de Salud. Asimismo, acusa discriminación territorial en torno a la atención.

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