La defensa del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, acusado por una presunta implicación en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), solicitó a la Corte de Apelaciones de La Serena inhabilitar al juez que los investiga, Vicente Hormazábal, por una supuesta imparcialidad en el caso.
Esto porque, según argumentan los abogados Jorge Bofill y Bárbara Yévenes, el magistrado no habría revisado un recurso ingresado el 8 de mayo ante los tribunales para el sobreseimiento definitivo del retirado militar, que comandó el Ejército entre 2002 y 2006, período en el cual impulsó un compromiso de "nunca más a las violaciones de los derechos humanos".
A finales de junio, Hormazábal formuló cargos a Cheyre por la aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica de La Serena, entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DD.HH. de la Corte de La Serena ya lo había procesado por esta causa -en el sistema antiguo de justicia- en febrero de 2019, lo cual fue ratificado por el tribunal de alzada en agosto de ese año.
En la etapa de investigación de la causa, el ministro estableció que Cheyre fue ayudante del comandante del regimiento en el periodo antes mencionado, y que, "a decir de varios miembros del Regimiento y de la misma Sección II, quedó a cargo de ésta y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas".
El procesamiento se dio en el marco de la investigación de varias querellas por este delito, incluida una del exmilitante de la Juventud Socialista Hugo Toledo, quien fuera aprehendido en los primeros días de la dictadura.
Según consigna La Tercera PM, la acción judicial que busca inhabilitar al ministro en visita acusa que Hormazábal no accedió a la solicitud de sobreseimiento definitivo y que la defensa de Cheyre se enteró por la prensa que, en lugar de resolver el recurso, el juez decidió acusar al exgeneral, algo que los abogados consideran que no se ajusta a derecho.
"¿Cómo es posible que se pueda anticipar desde ya que la etapa de plenario de una investigación que ha durado siete años concluya en menos de seis meses? ¿Es eso acaso un indicio de que la decisión del ministro en visita ya está tomada? ¿Qué garantía puede tener esta defensa de que la prueba que se rinda en la etapa de plenario tenga alguna incidencia en su decisión?", es parte del escrito presentado por los abogados.
Además, la defensa argumenta que el ministro acusó a Cheyre 43 días después del vencimiento del plazo para hacerlo, lo que, a su juicio, demuestra que Hormazábal "evitó intencionalmente pronunciarse respecto de nuestra petición".
Según afirma la defensa en su requerimiento, el juez "ha adoptado la forma de eludir pronunciarse sobre una solicitud de sobreseimiento definitivo, es decir, eludir expresar que ya tiene una opinión formada acerca de la supuesta responsabilidad penal".
"¿Qué es este procedimiento, entonces, una forma de venganza o desquite frente al procesado, de quien se sospecha su responsabilidad en dichas violaciones de los derechos de las víctimas?", sugiere el documento, que plantea como "una paradoja" que en una causa que investiga violaciones a los DD.HH. se haga caso omiso a las garantías de los involucrados y no se revise una solicitud de sobreseimiento definitivo.
De esta manera, la Corte de La Serena deberá resolver si inhabilita o no a Hormazábal.
