En pocos días entra en vigencia la norma que pone fin al lucro, la selección y el copago.
Sostenedores acusan falta de información y retraso en la publicación de reglamentos.
La citada normativa marcó el debate público y parlamentario durante el primer año de Gobierno de Michelle Bachelet.
En pocos días más, el 1 de marzo, entra en vigencia la Ley de Inclusión Escolar, normativa que elimina la selección, el lucro y el copago en los colegios, cuyo debate marcó el primer año legislativo del Gobierno de Michelle Bachelet.
Según las estimaciones del Ministerio de Educación, 784 establecimientos que hasta el año pasado tenían financiamiento compartido ahora serán gratuitos, beneficiando a más de 240 mil estudiantes.
La citada ley "va a permitir que los estudiantes opten a nuestro colegio sin el temor a ver algo económicamente imposible. Es la oportunidad de algunos alumnos que veían, quizás, la dificultad de poder ingresar a este colegio, que era particular subvencionado", comenta Rigoberto Rozas, director del Colegio Ramón Mora de Los Muermos, en la Región de Los Lagos, que tiene 957 alumnos y hasta 2015 cobraba 17.400 pesos de copago.
Cones: "Un avance"
A partir de este año, del total de establecimientos que reciben subvención del Estado el 87 por ciento será gratis, y el Gobierno prevé que de aquí a 2018 el 93 por ciento de los escolares podrá ir al colegio sin pagar. No obstante, en las organizaciones estudiantiles persisten las críticas.
"La Ley de Inclusión dista mucho de ser ideal, está muy lejos de ser lo que los estudiantes estuvimos pidiendo desde el año 2006, pero es un avance", afirma Fabio Salinas, coordinador nacional de la Cones.
"Nosotros dijimos que había que fortalecer la educación pública y después tratar la educación particular subvencionada, pero el Gobierno de la Nueva Mayoría decidió partir por la educación particular subvencionada, con el consecuente efecto adverso para la educación pública", señala el dirigente.
Los reglamentos pendientes
Otro foco de críticas surge de la Agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), organización que fue una pública opositora al proyecto. Su presidente, Hernán Herrera, acusa que el Gobierno aún no termina de publicar los reglamentos que organizarán la puesta en marcha.
"Falta la gran mayoría de los reglamentos: uno de los reglamentos más importantes, que empieza a regir sí o sí el 1 de marzo, son los fines esducacionales, que tampoco conocemos. El Ministerio ha avanzado nada al respecto y, naturalmente, nos preocupa, porque se está jugando con la incertidumbre de los sostenedores desde el punto de vista de cómo se va a organizar administrativamente la gestión", critica Herrera.
La ministra de Educación subrogante, Valentina Quiroga, responde señalando que en el marco de este proyecto "hay varios reglamentos de la ley" y, de éstos, "algunos comienzan a ser operativos desde ahora y otros con posterioridad, en los años que vienen, en la medida en que la ley vaya avanzando".
"No olvidemos que ésta es una ley que tiene varios años de implementación y todos los reglamentos que entran en operatividad ahora ya están okey. De hecho, nosotros los habíamos publicado con anterioridad en la página web, porque varios de ellos habían sido trabajados con sostenedores, se les había dado a conocer. Tuvimos reuniones a lo largo de todo el país con cerca de 3.000 sostenedores", recuerda la autoridad.
