La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) valoró la búsqueda de un nuevo marco regulatorio para "la relación entre la política y los negocios", conforme a lo anunciado en la víspera por el Gobierno.
El presidente de la entidad, Hermann von Mühlenbrock, coincidió en la necesidad de dicha regulación e incluso se declaró disponible para "colaborar" en la elaboración de la iniciativa gubernamental.
"En el gremio de industriales consideran que los hechos recientes han confirmado que la ausencia de una institucionalidad con regulaciones adecuadas en la materia daña tanto a las empresas privadas como a la política. En este sentido, sería fundamental avanzar en acciones que recojan la experiencia de ambos mundos para dar mayor transparencia a esta relación", señala un comunicado difundido este jueves por la Sofofa (ver archivo adjunto).
"Nos encontramos entre los primeros interesados en que se cree un nuevo marco que deje en el pasado estas malas prácticas, para que la empresa y la política cumplan con transparencia y sin interferencias los indispensables roles que cada una juega en la vida del país", aseguró Von Mühlenbrock, de acuerdo al comunicado.
El dirigente aseguró que en la Sofofa están "dispuestos a prestar toda nuestra colaboración a este propósito del Gobierno".
Por ende, "esperamos que nuestra opinión sea escuchada", dijo Hermann von Mühlenbrock.
Gobierno refuerza mensaje
El ministro vocero, Álvaro Elizalde, salió hoy a reforzar el planteamiento realizado durante la pasada jornada y, ante consultas de la prensa, descartó un posible acuerdo político que interfiera en las investigaciones penales respecto de casos como Penta, Caval y SQM.
"Tenemos que distinguir y la postura del Gobierno ha sido categórica desde el primer día. En lo que respecta a las investigaciones que está desarrollando la Fiscalía, debemos dejar que haga su trabajo sin interferencias políticas y sin prejuzgar (...) para que finalmente los Tribunales se pronuncien respecto de estos hechos", dijo Elizalde.
"En paralelo, el Gobierno está impulsando una agenda muy ambiciosa para elevar los estándares de transparencia y probidad en el financiamiento de la actividad política. Adicionalmente, la Presidenta Bachelet le ha encomendado a los ministros del comité político elaborar una propuesta para tener un marco regulatorio eficaz y muy estricto en la relación entre lo público y lo privado, y entre la política y los negocios", explicó.
En esa línea, "los ministros del comité político estamos trabajando con acuciosidad y celeridad para la formulación de esta propuesta. Una vez que sea conocida por la Presidenta de la República, ella adoptará las decisiones correspondientes para avanzar en nuevas leyes y, por cierto, nuevos marcos regulatorios".
Según enfatizó el vocero, "el objetivo del Gobierno es tener un marco regulatorio muy estricto, como Chile no ha conocido en su historia (...) porque debemos elevar los estándares de transparencia y probidad. Lo que los chilenos demandan es que haya plena transparencia respecto de estos temas".
Hablan los partidos
El presidente del PS, Osvaldo Andrade, hizo esta mañana en Cooperativa un enfático llamado a los partidos y dirigentes a hacerse cargo de la "severa crisis" por la que está pasando la actividad en Chile, que hace que hoy, a vista de los ciudadanos, "ser político es una degradación".
"Todos tenemos que participar en este esfuerzo, porque todos estamos en la parada y todos estamos en el problema. El sistema político tiene que ocuparse de su crisis", manifestó el timonel, quien opinó que el proyecto de ley sobre financiamiento que ya está en el Congreso "tiene o no tiene sentido sobre la base de que establezca la pérdida del escaño".
"Si hay algo que irrita a la ciudadanía es que una persona que incluso reconoce haber hecho irregularidades y queda en evidencia que le ha mentido a Chile, siga siendo parlamentario y siga recibiendo su dieta. Eso es un atentado contra cualquier principio básico", dijo Andrade en alusión a los senadores UDI Iván Moreira y Ena von Baer.
El proyecto de ley que actualmente está en el Congreso sobre el financiamiento de la política abre la puerta a la cesación de cargo parlamentario, ya que establece una sanción penal de tres años y un día de cárcel por incumplimientos graves, lo cual generaría inhabilidad, pero obligaría a que estos casos pasen por la Justicia penal antes de tener una consecuencia administrativa.
El secretario general de RN, Mario Desbordes, dijo estar "de acuerdo" con el planteamiento de Osvaldo Andrade, que -aseguró- su partido hizo presente ya hace tiempo.
"Renovación Nacional le propuso al Servel mucho antes de que esto sucediera, a principios del año pasado, que había que tener un marco regulatorio nuevo, facultades para el Servel, recursos para fiscalizar y sanciones drásticas para el que no cumpliera con la Ley Electoral en términos de gasto, de financiamiento", explicó.
Además, "a la Presidenta Bachelet en abril del año pasado le planteamos en una reunión que había que abordar urgentemente un nuevo marco de la regulación entre dinero y política, porque hoy día se habla de 'negocios y política', y eso tiende a dejar fuera los dineros estatales, y ahí hay otra caja oscura", puntualizó.
Fortalecimiento del Servel
Según se ha conocido, dentro de los objetivos del Gobierno para el nuevo marco regulatorio se incluye ampliar las causas de inhabilidad para postular o ser nombrado en cargos públicos, hacer más exigente la declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos y ampliar el universo de funcionarios a los que se les va a requerir, fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública y aumentar las sanciones al uso de información privilegiada en el sector privado.
En esa línea el ministro Elizalde recordó hoy, como ya se había anunciado, que "antes del 15 de abril se tiene que presentar el proyecto que fortalece al Servicio Electoral, dotándolo de mejores herramientas para llevar adelante no sólo su labor respecto de la organización de los eventos electorales, sino que también las funciones que debe desarrollar de fiscalización del cumplimiento de la ley".
