La Corte no consideró que el Decreto Supremo haya sido ilegal o arbitrario.
Los reclusos se mantendrán en Punta Peuco.
Cordillera fue cerrado el 29 de septiembre.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos en contra de la decisión de Sebastián Piñera de cerrar el penal Cordillera.
En un fallo unánime se desestimó la acción judicial presentada por el General (r) Manuel Contreras y otros militares por el cierre del penal y su traslado a Punta Peuco.
La resolución descartó que el Decreto Supremo de Piñera haya sido ilegal o arbitrario.
El texto explica que "la arbitrariedad debe ser descartada, toda vez que en el mismo Decreto Supremo impugnado se vierten las razones que se tuvo en consideración para dicho proceder, como es la 'adecuada distribución de la población penal' lo que 'facilita la dirección, administración y buen orden de los establecimientos penitenciarios'".
"Se advierte una decisión motivada, que satisface los criterios de razonabilidad y del correcto proceder administrativo, como quiera que no se ha discutido en este expediente la destinación de 35 funcionarios de Gendarmería de Chile al cuidado y vigilancia de 10 internos -ex oficiales uniformados- que cumplen condenas corporales establecidas por los Tribunales de Justicia, quienes fueron trasladados al Penal denominado 'Punta Peuco' con reclusos de similares antecedentes", continúa el texto.
