Cecilia Pérez lamentó "la confusión", tras la polémica por la iniciativa que fue cuestionada por la propia Matthei.
Instituto de DD.HH. dijo que Constitución otorga este derecho a presos con condena menores a tres años.
Cecilia Pérez dijo que no era intención del Gobierno, pese a declaraciones de ministra de Justicia.
El Gobierno finalmente no enviará ningún proyecto de ley que permita votar a los reos que cumplan penas menores a los tres años y quienes cumplen prisión preventiva, anunció la vocera Cecilia Pérez.
"Lamentamos la confusión que se ha armado. Nunca ha estado en la mente del Gobierno ni del Presidente mandar el proyecto de ley para que aquellas personas que cuentan con el derecho constitucional (de sufragio) lo puedan hacer vía procedimiento administrativo, que es algo que debe aplicar el Servel", señaló.
"No han existido las consultas necesarias y suficientes para no haber caído en esta confusión. Acá lo que ha sucedido es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sostenido que existiendo un derecho constitucional, como tienen hoy día las personas que no cumplen pena aflictiva, es decir, hasta tres años y aquellos que están con prisión preventiva sin condena, teniendo derecho a voto no pueden sufragar", agregó la ministra secretaria general de Gobierno.
La vocera de Gobierno agregó que "los ministros pueden tener muchas opiniones, pero quien decide es el Presidente", y de esta forma zanjó el asunto pese a que la ministra de Justicia, Patricia Pérez, defendiera la iniciativa que había impulsado su cartera.
La vocera de Gobierno aclaró que el tema salió a la luz pública luego que el Instituto de Derechos Humanos pidiera a la Justicia que, de forma administrativa, facilitara el sufragio a los condenador a penas menores de tres años y un día, como indica la Constitución.
"Es materia de ley, pero en ese sentido hemos decidido y el Presidente ha decidido que no está en las prioridades de este Gobierno avanzar en una ley", dijo Pérez.
Las obligaciones del Estado
Lorena Fríes, directora del Instituto de Derechos Humanos, señaló en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa que al momento de decretar que el voto es voluntario el Estado adquirió la obligación de garantizar a todos los chilenos las condiciones para que puedan ejercer este derecho.
"El Estado además tiene una obligación de garante, puesto que se trata de personas privadas de libertad. El Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor para que estas personas pueden ejercer aquellos derechos que les establece la Constitución, y las leyes en este caso, para aquellas personas el ejercicio de sufragar", dijo.
Por su parte, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, cuenta con un antecedente respecto a este tema. En una resolución suya del 7 de junio, señaló haber consultado a Gendarmeríoa sobre la existencia de un mecanismo para que los imputados no acusados, sujetos a prisión preventiva por ese tribunal, pudieran ejercer el derecho a sufragio en las elecciones primarias.
Consultado sobre este tema hoy, el juez señaló que: "en la orden y la audiencia lo que efectivamente está es que el Servel ejerza sus facultades. Es decir, que de respuesta a la petición respecto del ejercicio de los derechos politicos de estas categoria de hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas del país, que no están pudiendo ejercer su derecho político garantizado constitucionalmente y por las convenciones internacionales de Derechos Humanos".
Coloma: No es una buena señal
"Nosotros creemos que en las cárceles la gente está privada de libertad, precisamente, porque está condenada o procesada por cometer un delito y no tiene, bajo esa lógica, los mismos derechos ambulatorios que el resto de los ciudadanos mientras estén en esa condición", afirmó el senador de la UDI Juan Antonio Coloma.
El parlamentario agregó que "no consideramos una buena señal que se plantee que aquellas personas que hoy día están en las cárceles puedan tener el derecho o se lleve los lugares para sufragar a esos mismos lugares".
Comando de Bachelet: Facilitar el voto
En el comando de Michelle Bachelet, en tanto, se fijaron prioridades en dar garantías a la mayor parte de los ciudadanos para que voten y éstas pasan por las personas que viven en zonas aisladas o los chilenos que residen en el extranjero.
La vocera del comando opositor, Javiera Blanco, señaló que "el llamado es a facilitar el voto a muchas personas. Partamos por, obviamente, los chilenos en el extranjero. Nos parece que esta es una señal de profundización de la democracia y, por tanto, el llamado es a avanzar en el voto de todos aquellos sectores que hoy día, por una u otra razón, se ven imposibilitados".
