Atacama: Contraloría determinó que convenios de Vivienda no fueron justificados

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Autor: Cooperativa.cl

La auditoría revisó los contratos de la Secretaría Regional del Minvu con Enlace Urbano, Comprometidos, Enred y Procultura, en el marco del programa de Asentamientos Precarios.

"Es inaceptable que en una región tan afectada por el desempleo y los desafíos en educación continúen prácticas que carecen de transparencia", reprochó la diputada Sofía Cid (RN).

Atacama: Contraloría determinó que convenios de Vivienda no fueron justificados
Llévatelo:

La Contraloría General de la República determinó que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Atacama suscribió convenios con cuatro fundaciones sin fundarlos ni justificarlos debidamente.

La auditoría de la repartición regional de la Contraloría revisó las transferencias de recursos que efectuó la Seremi a entidades públicas y privadas entre el 1 de enero del año 2021 y el 30 de junio de 2023, en el marco de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades.

Según el informe, la Seremi firmó, vía asignación directa y "sin que los actos administrativos pertinentes que autorizaron tal método de otorgamiento se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron", un convenio con Enlace Urbano ONG, por 56.130.000 pesos; uno con la Fundación Comprometidos, por 128.000.000; dos con Enred, por 90.956.952 y 249.824.331 pesos; y otro con ProCultura, por 137.796.000 pesos.

Al respecto, el órgano fiscalizador estableció que, "examinada la documentación asociada, ni las resoluciones ni los respectivos convenios mencionan los fundamentos que justifiquen la asignación de los proyectos mencionados a dicha fundación, como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten los motivos de dicha elección".

Al momento de la auditoría, la Seremi había transferido el 26% del monto total a Enlace Urbano (14.593.800 pesos); el 100% de las platas a Comprometidos y Enred, y el 65% a ProCultura (90.243.482 pesos).

La seremi Rocío Díaz confirmó que ya recibieron el informe, "que lo hemos estudiado en conjunto con los equipos de la Seremi del Minvu, y hemos estado subsanando las observaciones y colocando a disposición toda la información disponible".

"Es importante (señalar) además que a esto se suma la resolución 21/14 que sacó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el 19 de diciembre del 2023, donde establece los procedimientos a las rendiciones sobre transferencias de capital y transferencia corriente, de la cual es aplicación obligatoria. Y también recalcar que, sobre las medidas a tomar, estamos en un proceso de mejora continua y acogimos todas las observaciones de la Contraloría General de la República", sostuvo.

PARLAMENTARIOS DEPLORAN FALTA DE TRANSPARENCIA

Desde el Congreso Nacional, la diputada Sofía Cid (RN), del Distrito 4, tachó de "inaceptable que en una región tan afectada por el desempleo y los desafíos que tenemos en la educación, se continúe observando prácticas de gestión pública que carecen de transparencia y justificaciones necesarias".

"La gente necesita saber qué pasó con esos recursos. Estas acciones no sólo desvían recursos esenciales que deberían beneficiar a nuestra comunidad más vulnerable, sino que también golpean la confianza en nuestras instituciones, y se empieza a generar un trato complejo y además una molestia de la ciudadanía", emplazó.

El diputado Cristián Tapia (independiente-PPD), que también representa a la zona, espera que "ojalá que se detecte todo, aquí hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hacer la demanda que corresponde, yo creo que el Consejo de Defensa del Estado va a tener que cumplir un rol fundamental".

"El trabajo que continúa y que sigue en pie la Fiscalía también tiene que arrojar resultados que, esperemos, (sea) con la máxima transparencia, porque aquí se está jugando con muchos, muchos millones de pesos que debiesen haber ido en beneficio de gente que tanto lo necesita en nuestra Región de Atacama", enfatizó.

Las cuatro fundaciones también han estado en el foco de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, en el marco del escándalo de los convenios que involucra a al Minvu y gobiernos regionales con organizaciones no gubernamentales.

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