El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso este jueves en la Cámara Baja sobre la investigación del caso convenios, que dio cuenta de diversas irregularidades que involucran a Seremis de Vivienda y gobiernos regionales con fundaciones, con hechos cuestionados tanto en el Ejecutivo anterior, de Sebastián Piñera, como el actual, de Gabriel Boric.
En la comisión investigadora, el jefe fiscalizador del Estado detalló los principales hallazgos respecto a las debilidades del proceso de transferencias del Programa Asentamientos Precarios del Minvu a fundaciones.
El contralor informó que hay 11 Seremis denunciadas ante el Ministerio Público por acciones que podrían constitutir delitos: las de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
El contralor remarcó que "estas observaciones ya las hicimos a propósito de un caso en particular, que fue el de Antofagasta, y lo que pasa es que se repiten en algunos o en todos los informes de las Secretarías Regionales Ministeriales. Eso significa que en algunos casos se harán sumarios, en algunos se remitieron al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público".
"Esta falta de institucionalidad -podríamos decir- hace que el virus de la corrupción se filtre. Cuando tenemos mecanismos tan débiles, puede ocurrir que esto se replique en muchas partes", reflexionó, aunque consultado respecto a "si hay un modus operandi o no respecto de las fundaciones, la verdad es que no me atrevería a calificar una cosa así".
De las organizaciones no gubernamentales, 19 fueron objeto de observaciones entre 2021 y 2023, desde el Gobierno anterior hasta el actual: las más delicadas apuntan al incumplimiento del deber de abstención para contratar a ciertas fundaciones: en Antofagasta, en el caso de Democracia Viva; en O'Higgins, con Arquiduc en Piñera II; en Maule, con Urbanismo Social; y en Biobío, con Urbanismo Social y Procultura.
En tanto, en Tarapacá, Antofagasta y Atacama detectó la fragmentación de contratos para disminuir los montos artificialmente.
Asimismo, advirtió que personas contratadas y pagadas por fundaciones se desempeñaban físicamente en oficinas estatales, en Antofagasta y O'Higgins.
LA SITUACIÓN EN LOS GORE
Por su parte, dentro de los hallazgos respecto a los gobiernos regionales y sus traspasos de platas públicas a fundaciones llamó la atención lo revelado en Maule, donde se le exigió a Urbanismo Social la contratación específica de tres personas con dineros de los programas que iban a ejecutar.
"Para nosotros el hecho objetivo es ese, se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada, para poder realizar el convenio. Eso ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad, pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba, y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público, porque da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido, y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo por lo mismo", sostuvo Bermúdez.
El diputado Jorge Guzmán (Evópoli), que representa a la zona, puntualizó que se trataba de un convenio por 265 millones de pesos para la intervención en cinco barrios, sin embargo, el GORE condicionó la información de cuáles eran mientras Urbanismo Social no contratara con cargo al contrato a tres personas específicas para labores indeterminadas.
"Esas personas son tres: una de ellas es la cuñada de un jefe de división, la otra es la pareja de la abogada de Gobierno Regional, y la tercera es el concejal de Curicó, el señor Javier Ahumada. Lo tienen que hacer con cargo a los recursos transferidos. Es lo mismo que a una empresa le pidan ejecutar una obra, pero paralelamente le digan que ejecute también una obra en mi casa", deploró el legislador.
En ese sentido, reprochó que "la gobernadora (Cristina Bravo) se encuentra en una gira que no sabemos qué significa, está en Holanda y Bélgica, nunca se ha dicho qué están haciendo, y está acompañada por más de cuatro funcionarios de exclusiva confianza, algunos de los cuales son los nombrados en este informe de Contraloría".
"BAILE DE MÁSCARAS", DENUNCIA DIPUTADO PS
No obstante, el diputado socialista Marcos Ilabaca hizo hincapié que este tipo de situaciones suelen suceder en todas las administraciones.
"Pareciera esto un baile de máscaras, porque nos sorprendemos cuando el contralor dice que se contratan personas solicitadas por parte de la autoridad o de los gobiernos regionales. Pero si esto lo hacen regularmente, lo vemos a diario en nuestras regiones, y muchas veces, lamentablemente, esas personas contratadas son operadores de los diferentes partidos políticos que existen en el arcoíris de colores nacionales", fustigó.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que "11 seremías han sido pasadas a Fiscalía por parte de la Contraloría General de la República por posibles hechos de corrupción. Esto revela que lo de Democracia Viva y otras fundaciones no era aislado, sino que posiblemente y eso es lo que tiene que establecer la Fiscalía, aquí había un modus operandi respecto a cómo poder obtener recursos del Estado".
"Prácticamente todo el Ministerio de Vivienda es investigado por la Fiscalía, y esto genera aún mayor suspicacia respecto del rol del Gobierno y del ministro", acotó.
Desde RD, Ericka Ñanco comentó que "estos mecanismos de traspasos de fondo no surgen ni con Democracia Viva ni con el actual gobierno. Inclusive, es más, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera es donde se levantan estas formas de fragmentación de los montos para traspasarlo a distintas instituciones privadas, y eso data del año 2019".
CAMBIOS EN PRESUPUESTO
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, destacó que el proyecto del Presupuesto 2024 tiene una serie de modificaciones en comparación a años anteriores con el fin de evitar casos similares.
"Se hace cargo de las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada y en eso se establece la concursalidad obligatoria, que es una de las cosas que se ha detectado como los flancos que tenía, el establecimiento de boletas de garantías obligatorias, experiencia mínima para los ejecutores de política pública. Esto no es solamente para el Minvu, sino que para la totalidad de transferencias a privados", recalcó.
Gabriela Elgueta, subsecretaria de Vivienda, manifestó que "en los casos de los gobiernos regionales, tenían concursalidad y la posibilidad de asignación directa, eso se cierra y ahora tienen concursalidad. Desde el primer día el Ministerio ha estado de forma proactiva y con mucha fuerza para poder ir corrigiendo cada uno de los hallazgos y tomar las medidas administrativas, políticas e institucionales que han permitido efectivamente ir revirtiendo esta falta de control en cada una de estas tres regiones".
CON EXPOSICIÓN DE CRISPI "DESAPARECE EL HECHO SANCIONABLE"
Por otra parte, el contralor se refirió a la situación del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD).
A raíz de las dos inasistencias del exdiputado a la comisión investigadora de la Cámara Baja, la instancia parlamentaria envío un oficio a Contraloría para abrir un procedimiento sancionatorio contra él.
Sin embargo, Bermúdez descartó hoy que vaya a haber alguna sanción tras la comparecencia de Crispi en la comisión, el pasado lunes.
"Ese oficio lo que pide es que nosotros sancionemos al señor Crispi por no haber comparecido, pero es un hecho público que ese funcionario ya compareció ante la comisión, por lo tanto, desaparece el hecho sancionable", explicó a la prensa.
"Nosotros como Contraloría fuimos bastante claros respecto a la obligación que tienen todos los funcionarios públicos y todas las personas que están en una situación de poder", agregó el contralor.
La comisión investigadora sesionó hoy por última vez, y la próxima semana comenzará a elaborar sus conclusiones, que luego deberán ser aprobadas o desestimadas por la Sala de la Cámara Baja.
