Jaime Huincahue fue formalizado "por delitos de corrupción pública y lavado de activos", informó la Fiscalía de Los Lagos.
Huincahue fue detenido la semana pasada en Temuco:
El Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Jaime Huincahue, presidente de la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimún.
Este organismo obtuvo 1.200 millones de pesos de parte del Gobierno Regional de Los Lagos, traspaso que la Contraloría luego declaró ilegal.
Según la investigación, 124 millones procedentes de dicho convenio se destinaron a pagar deudas del Instituto Profesional y del Centro de Formación Técnica de Los Lagos, que pertenecían a Kimün y que luego fueron vendidos a la Fundación Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena, perteneciente al excandidato presidencial de La Lista del Pueblo Diego Ancalao, quien se encuentra en prisión preventiva.
Huincahue fue detenido la semana pasada en Temuco y este lunes fue imputado por el Ministerio Público.
"En el marco de la investigación por traspaso de dineros desde el Gobierno Regional de los Lagos a diversas fundaciones y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, durante la jornada de hoy materializamos la formalización del segundo imputado en la causa, (...) por diversos delitos de corrupción pública, así como también lavado de activos", señaló el persecutor Marco Muñoz.
Por diversos delitos de Corrupción y Lavado de Activos, Fiscal Marco Muñoz @FiscaliaRegionX formalizó al segundo imputado de investigación por traspaso de dineros desde Gore Los Lagos a Fundaciones. El tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional. @PDI_LosLagos pic.twitter.com/eJh26vimeb
— Fiscalía Regional de Los Lagos (@FiscaliaRegionX) August 14, 2023
"Dado que el imputado se acogió a una herramienta procesal especial, prevista y contemplada en la Ley 19.913 sobre Lavado de Activos, y al no registrar anotaciones prontuariales pretéritas, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y restricción de comunicaciones con personas determinadas, lo que fue acogido por el Tribunal sin la oposición de los querellantes", añadió Muñoz.
El tribunal puertomontino estableció un plazo de investigación de 120 días.
