La Superintendencia de Educación Superior está evaluando la posibilidad de intervenir el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Los Lagos, de propiedad del excandidato presidencial Diego Ancalao.
Los planteles aparecieron envueltos en el escándalo de los convenios tras conocerse el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el Gobierno Regional de Los Lagos a la Corporación Kimün, que luego vendió ambos en 124 millones a la Fundación Instituto de Liderazgo y Desarrollo Indígena, perteneciente al exabanderado de La Lista del Pueblo, hoy en prisión preventiva.
La Superintendencia informó la semana pasada que desde agosto de 2022 está al tanto de la "delicada situación financiera" del IP y del CFT, que plantea "una seria amenaza para cumplir los compromisos adquiridos con su comunidad académica, administrativa y estudiantil".
Por este motivo, inició dos investigaciones en pos de "velar por el cumplimiento de las obligaciones financieras, administrativas y laborales (de los planteles)", y "garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes".
Como consecuencia, "ambas instituciones no fueron acreditadas, (...) la Superintendencia de Educación Superior formuló cargos al Instituto Profesional Los Lagos y, en los próximos días, notificará al Centro de Formación Técnica los resultados de su investigación. No se descarta en ambos casos la posibilidad de una intervención mediante la designación de un administrador para gestionar la institución", explicó el regulador.
El Mercurio aseguró este lunes que "ya es un hecho que la SES pedirá que se nombre un administrador para que se encargue del futuro de las instituciones", pero "aún no se define si será de carácter provisional, que apoye a la institución a recuperarse, o uno de cierre, para culminar definitivamente con dichos proyectos".
Daniel Rodríguez, exsecretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, dijo al diario que "es fundamental que la Superintendencia decida rápidamente si la medida más conveniente es un administrador de cierre o la que arroje sus investigaciones, pero lo importante es que permita la continuidad de estudio de los alumnos, en esa institución o en otras".
Rodríguez, actual director ejecutivo de Acción Educar, apuntó que anteriores casos "bullados" como el de la Universidad del Mar han permitido instalar "una institucionalidad suficiente, con plenas atribuciones para enfrentar este tipo de casos y (...) proteger el derecho a la educación de los estudiantes y los académicos".
