El contralor general de la República (CGR), Jorge Bermúdez, ordenó el pasado 29 junio paralizar la toma de razón de todos los contratos y convenios que signifiquen el traspaso de dineros del Estado a fundaciones, medida que se dio tras el escándalo de la Fundación Democracia Viva y que -tras un mes de diligencias- ya tiene su primer avance, en el que destacan varias irregularidades de las entidades revisadas.
Según reveló La Tercera este sábado, la Contraloría ha indagado 34 convenios que fueron congelados, de ellos, 29 no cumplen los estándares requeridos por el ente y fueron declarados ilegales o "representados".
Las objeciones son de acuerdos suscritos el 2023 e involucran más de 13 mil millones de pesos.
Los giros "demasiados amplios" de las ONG involucradas, la "falta de claridad de los ítems de gastos", la falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y aquel previsto para la ejecución de las actividades y la "inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos", son parte de las observaciones que destacó Contraloría en su negativo informe.
Al ser declarados ilegales, los convenios objetados fueron anulados y deben volver a iniciar de cero el proceso si quieren otro proceso de toma de razón.
"ESCÁNDALO POLÍTICO DE CORRUPCIÓN"
Al respecto, el diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que "lo que está ocurriendo es demasiado grave como para que nada pase y se corte el hilo por lo delgado".
"El Gobierno debe tomar decisiones mucho más drásticas para dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía. El caiga quien caiga debe pasar de las palabras a las acciones y los hechos. Ningún espacio a la corrupción y a la impunidad", emplazó.
En el oficialismo, a juicio de la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), "se abren dos interrogantes: una es si es que está bien que en todos estos ámbitos y aspectos es necesario que el Estado genere traspaso de recursos a los privados; y que hablemos de cómo el Estado se tiene que relacionar con los privados, de cómo generamos fiscalización, de cómo se ejecuta de buena manera este tipo de convenios y se generan los cuidados correspondientes".
El diputado Eric Aedo, jefe de la bancada DC, deploró que "es verdaderamente un escándalo político de corrupción de proporciones".
"Esto va a generar efectos políticos: no tengo duda que en la discusión del Presupuesto del año 2024, los mecanismos de control que van a existir sobre los gobiernos regionales, fundaciones y sobre las entregas de dineros a estas instituciones van a tener que tener mucho mayor resguardo y fiscalización", sostuvo.
DELICADA SITUACIÓN EN LOS LAGOS
Una de las principales irregularidades en estos casos es la registrada en la Región de Los Lagos, donde incluso se allanaron las dependencias del Gobierno Regional, encabezado por Patricio Vallespín (ex-DC), por la investigación de eventuales irregularidades en la transferencia de 4.000 millones a tres ONG.
En esta región, la Contraloría dio cuenta que fue declarada ilegal la transferencia por 1.200 millones de pesos del GORE a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün, misma decisión que se tomó con los más de 2.000 millones de pesos transferidos a la Fundación Chinquihue.
A esto se suma que también fue "representado" el acuerdo entre el gobierno regional y la Fundación Participa, convenio que involucra 1.020 millones de pesos y que es parte de la indagatoria que lleva el Ministerio Público en esa región.
Mientras que el principal cuestionamiento en la región se dio por la transferencia de más de 667 millones de pesos a la "Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo", pese a que por parte de los fiscalizadores fue declarado ilegal.
Debido a esto, el organismo liderado por Bermúdez determinó abrir un sumario en el GORE de Los Lagos con el fin de establecer las responsabilidades administrativas que correspondan.
"Nos llama la atención y nos preocupa" ese caso, advirtió el consejero regional Rodrigo Wainraihgt (RN), en un marco donde "surge una serie de dudas, porque hace dos meses se nos informó que se habían hecho observaciones (...) éstas pueden ser de forma: por ejemplo, que se haya establecido un RUT equívoco o un nombre mal escrito".
"Pero hoy lo que necesitamos como Consejo Regional es una aclaración", emplazó.
De los 29 convenios objetados por la Contraloría, 22 tienen su origen en Los Lagos.
En ese marco, Alejandro Macías, jefe de la Unidad Jurídica del GORE, afirmó que trabajan "desde hace algunos días en responder las observaciones a los diversos convenios de transferencias", que "entendemos que forman parte de alcanzar la finalidad de resguardar el correcto uso de los recursos públicos".
Por ello, "en los próximos días enviaremos al órgano contralor el nuevo modelo de convenios que cumpla con todas y cada una de las observaciones formuladas", adelantó.
