Ministerio Público pidió al tribunal de alzada que ordene a la SVS entregar antecedentes.
Querellante afirmó que reserva de datos es una obstaculización impresentable.
El controlador de SQM es Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.
El Ministerio Público estima que dentro de una semana la Corte de Apelaciones de Santiago debe responder la petición para que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) revierta su negativa a entregar antecedentes del caso contra Soquimich.
Este jueves la el titular de la SVS, Fernando Coloma, informó de la negativa a entregar datos de las indagatorias bajo el argumento de que busca reserva del caso lo que en su opinión no estará asegurado por el Ministerio Público.
En el proceso de la SVS se formularon cargos contra el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercados de Valores.
Andrés Montes, jefe regional de la Fiscalía Centro Oriente, pronosticó que "la corte lo debiera ver en cuenta, sin alegatos en principio, y debería estar resuelto dentro de aproximadamente una semana".
"Existen otros casos en que se ha solicitado lo mismo por parte de esta Fiscalía hacia la Corte de Apelaciones y también respecto a la Superintendencia de Valores y Seguros y se ha acogido la petición de la Fiscalía", agregó Montes.
"Es una operación financiera compleja en la que además hay distintas operaciones y por lo tanto la cantidad de antecedentes que se requiere para comprender el flujo de las operaciones es bastante, pero al mismo tiempo se necesitan análisis financieros para comprender el contexto y sentido de cada una de las operaciones", dijo el fiscal.
Mauricio Daza, querellante a nombre de un socio minoritario, expresó que "creemos que el Ministerio Público en esta materia ha actuado de buena forma al requerir a la Corte de Apelaciones de Santiago que en definitiva le exija a la SVS que cumpla con su obligación legal en cuanto a ayudar de manera efectiva a una investigación criminal por delitos graves que tienen asignadas penas que van desde 541 días a 10 años de cárcel".
"Es una obstaculización a una investigación penal que es absolutamente impresentable y que debe ser corregido cuanto antes", agregó Daza.
Hacienda: Confiar en institucionalidad
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, evitó referirse directamente a este caso, aunque afirmó que "siempre vamos a estar abiertos a recibir buenas ideas respecto a la legislación financiera y económica. Es una decisión que toma en forma autónoma el superintendente de Valores y Seguros".
"Problemas van a haber en todas partes. Lo importante es que los países tengan la institucionalidad, la infraestructura financiera regulatoria, legal para resolver los problemas que se dan", agregó el jefe de las finanzas públicas.
Mientras, fuentes cercanas a la defensa de Ponce Lerou informaron que pedirán a la SVS ampliar el plazo para hacer sus descargos.
