Compañías son acusadas de obtener de forma ilegal derechos de aguas para su funcionamiento.
El Ministerio Público anunció que iniciará acciones legales contra las personas jurídicas involucradas en el delito de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y cohecho, en el marco de una investigación por 10 sentencias falsas detectadas en el Segundo Juzgado de Letras de Talca.
Producto de estos dictámenes, cinco personas se encuentran cumpliendo prisión preventiva, de las cuales una ya está condenada.
El fiscal Patricio Caroca anunció que perseguirán acciones legales contra las empresas Colbún Ltda. y Sociedad Agrícola Mecanizada de propiedad de los hermanos José y Miguel Iracheta, quienes pagaron altas sumas de dinero a un actuario, a fin de obtener derechos de aguas a través de resoluciones judiciales falsas.
"La responsabilidad que establece la ley dice relación con los delitos que cometen, en este caso cohecho, las personas naturales dueños o los empleados de estas personas y que benefician a la empresa", precisó el fiscal.
Caroca agregó que "en este caso se benefició económicamente ya que a través de la sentencia falsa se incrementó el patrimonio de esta empresa, se incorporaron estos derechos de agua en los balances de cada una de estas empresas y finalmente se generó un provecho o una utilidad ilegal".
En el caso de la empresa Colbún Ltda., ésta obtuvo derechos de agua de forma ilegal, por lo que pudo optar, por medio de créditos bancarios, a millonarias sumas de dinero.
